El periodista Gerardo Moyano escribe en “Espacio 4” (734) que «La crisis migratoria en Coahuila alcanzó uno de sus momentos más críticos a principios de diciembre, luego de que el Gobierno de Estados Unidos decidiera cerrar el Puente Internacional 1 entre Piedras Negras y Eagle Pass, Texas. La medida fue tomada en respuesta a una abrumadora oleada de migrantes que superó la capacidad de respuesta de las autoridades. El segundo cierre del año (el primero se extendió por un mes entre octubre y noviembre) vino acompañado de un enérgico exhorto al Gobierno federal mexicano a «frenar» el flujo migratorio para evitar una crisis comercial en la zona.
»La situación pone a prueba al gobernador Manolo Jiménez, quien se unió a los llamados de las autoridades texanas dirigidos al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). “Le comenté a la secretaria de Gobernación (Luisa María Alcalde Luján) que en Coahuila se han estado haciendo esfuerzos extraordinarios con la Policía Estatal y las municipales para contener a los grupos (de migrantes). Hace unas semanas se logró reducir (el número de cruces), sin embargo, continúan llegando caravanas que provienen del sur del país”, dijo el mandatario el pasado 16 de diciembre.
»Para lidiar con las 17 mil detenciones que se registraron en una semana, el Gobierno estadounidense asignó tareas migratorias a la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza (CBP), generalmente responsabilidad del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). El alcalde de Eagle Pass, Rolando Salinas, alertó sobre la situación y reconoció que el gobernador texano Greg Abbott está ejerciendo presión política.
»“El presidente (AMLO) puede hacer algo más para calmar la situación. Sé que hay muchas leyes de sus derechos, pero esto nos está impactando mucho en la economía y no podemos dejar que siga por meses”, señaló. Pero no solo se trata de pérdidas económicas —que la Coparmex calcula en 35 millones de dólares al día—, sino humanas: las autoridades texanas han rescatado al menos 50 cuerpos sin vida del Río Bravo (12 niños), una cifra similar a los recuperados del lado mexicano. (…)
»Aunque el secretario de Seguridad de Coahuila, Federico Fernández Montañez, asegura que los operativos coordinados con la Guardia Nacional, el Ejército, el INM y Ferromex son “apegados a los derechos humanos”, el Centro Fray Juan de Larios advierte que el aumento de migrantes que transitan a pie por la Carretera Federal 57 se debe al miedo a los abusos policiales en retenes ferroviarios y a la negativa de las empresas de transporte a venderles boletos.
“En los últimos años y meses elementos de la Policía del Estado han incurrido en actos indebidos en retenes de vigilancia. Se ha documentado que el retén de Monclova es un espacio de robo impune a personas migrantes, y de abuso sexual, el retén de Piedras Negras”, advierte en un comunicado publicado el 10 de diciembre.
»“No ha sido cumplimentada una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para que, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, el Gobierno del Estado de Coahuila garantice la venta de boletos de transporte público a personas que los soliciten, sin que las empresas de transportación revisen el estatus migratorio y/o los pasaportes de los compradores, puesto que no son autoridad”, añade.
»En el marco del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el informe destaca que la situación empeoró en Coahuila al ser parte de la “Ruta Golfo”, un corredor de paso para aquellos que buscan llegar a EE. UU. en busca de trabajo o para solicitar protección internacional por la situación que viven en sus países de origen. El organismo advierte que ante la incapacidad del Estado, “la sociedad civil ha asumido gran parte de la atención a migrantes”. En este sentido, destaca no solo el trabajo de los cuatro albergues en la entidad (Frontera Digna, Casa Emaús, Casa del Migrante de Saltillo y Refugio del Verbo Encarnado), sino el de los ciudadanos que ayudan a los migrantes con comida y dinero en las carreteras o cruceros de las ciudades del estado».