Andrés Manuel López Obrador terminará su Gobierno con un paquete de obras de infraestructura superior al de sus antecesores. El problema es que una parte significativa se financiará con deuda, lo cual contradice su promesa de no hacerlo. Vicente Fox prometió un nuevo aeropuerto para Ciudad de México, en Texcoco. Nunca lo empezó, entre otras razones por la oposición del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, apoyado por el jurista Ignacio Burgoa, y el conflicto causado por la represión en San Salvador Atenco, apoyada por el entonces gobernador de Estado de México, Enrique Peña. Lo mismo pasó con la refinería anunciada por Felipe Calderón y el Tren Interurbano México-Toluca, cuyos trabajos inició Peña Nieto y después abandonó.
La actual administración puso en serevicio el Aeropuerto Felipe Ángeles y la primera etapa de la refinería Olmeca de Dos Bocas. La inauguración de los trenes Maya (1,500 kilómetros) y Transístmico (303 kilómetros), del aeropuerto de Tulum y de la autopista Oaxaca-Puerto Escondido está programada para febrero próximo. López Obrador entregó el Tren Insurgentes México-Toluca el 15 de septiembre y el año próximo hará lo mismo con la ampliación del Tren Suburbano en el tramo Lechería-Aeropuerto Felipe Ángeles.
Las obras se proyectaron en 297 mil millones de pesos, pero el costo final podría elevarse a los 550 mil millones de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Hacienda (Expansión, 25.09.23). En la refinería de Dos Bocas se habían gastado entre 278 mil y 348 mil millones de pesos hasta el mes pasado, de un presupuesto por 839 mil millones, según la misma fuente. El monto de las siete obras rebasa el 1.1 billón de pesos —sin incluir la inversión en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad—, cifra pocas veces alcanzada en un sexenio. El problema vuelve a ser la deuda monumental por 1.9 billones de pesos incluida en la Ley de Ingresos de la Federación 2024, aprobada en lo general este jueves en la Cámara de Diputados.
Otro tema discutible es la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional en la construcción del Tren Maya y de la infraestructura hotelera del mismo proyecto; de los aeropuertos Felipe Ángeles y de Tulum, y de sucursales del Banco del Bienestar. El presidente López Obrador defiende a capa y espada la asignación de obras a egresados de la Escuela Militar de Ingenieros y a trabajadores externos. La decisión «no es ilegal porque de acuerdo con la ley orgánica del Ejército y las Fuerzas Aéreas Mexicanas, sí existe la facultad de que colaboren en la realización de proyectos sociales, como los que en esta administración (se) están llevando a cabo», dice Alejandro Martínez, especialista en Seguridad Pública de la Universidad La Salle. Aclara, sin embargo, que «no es para lo cual fueron creadas» (Expansión, 04.02.23).
La inversión en infraestructura creció a costa de otros sectores (educación y salud), pero por primera vez atiende a los estados del sur, históricamente marginados por el Gobierno federal. Coahuila y Durango, abandonados también por la federación, reciben 14 mil millones de pesos para el Programa Agua Saludable. El plan dotará de agua de las presas del río Nazas a 1.6 millones de personas de cinco municipios de Coahuila y cuatro de Durango. Para La izquierda Diario Coahuila, se trata «solo un paliativo, pues no resuelve de manera real el problema subyacente a la contaminación del agua freática por arsénico en una región semidesértica que además se encuentra en estrés hídrico» (“Los claroscuros del proyecto agua saludable para La Laguna”).
