El colaborador más cercano y confiable de la presidenta Claudia Sheinbaum es Homar Harfuch (43 años). Nieto del exsecretario de la Defensa, Marcelino García Barragán, e hijo del líder del PRI y presidenciable, Javier García Paniagua, pudo haber despachado a un lado de Palacio Nacional como jefe de Gobierno de Ciudad de México. Sin embargo, la candidatura recayó, por trayectoria y paridad de género, en Clara Brugada, quien venció por amplio margen a Santiago Taboada, del frente (PAN-PRI-PRD). Harfuch ganó uno de los escaños senatoriales de mayoría, al que renunció un mes después para asumir la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de CDMX.
Harfuch ejerció el mismo cargo en la capital durante la jefatura de Gobierno de Sheinbaum. El funcionario sobrevivió a un intento de asesinato perpetrado el 26 de junio de 2020 por el Cartel Jalisco Nueva Generación en Paseo de la Reforma. Dos escoltas y una transeúnte perdieron la vida. La destinataria del mensaje era Sheinbaum. El 20 de mayo pasado, Ximena Guzmán (42 años) y José Muñoz (52), del círculo de la alcaldesa Clara Brugada, fueron ejecutados a plena luz del día. Guzmán se desempeñaba como secretaria particular. Muñoz era asesor político. Ninguno tenía a su cargo temas de seguridad.
Planificado con todas las ventajas para no fallar, el ataque lo realizaron cuatro sicarios, uno de los cuales hizo los disparos. La operación ocurrió en vísperas de la primera elección judicial en México, boicoteada por las élites, los grupos de poder e incluso desde el exterior; cuando los niveles de aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum superan el 80% debido, en parte, al manejo de la relación con su homólogo estadounidense Donald Trump; y cuando el índice de homicidios dolosos declinó en abril 25% con respecto al mismo mes del año previo (El Economista, 08.05.25). Desinformar y generar conflictos internos con ayuda de agencias y grupos extranjeros es una de las tácticas de la derecha para socavar a jefes de Estado y de Gobierno legítimos, cuyo liderazgo representa para ellos una amenaza.
El atentado fue precedido por la entrega de 29 narcotraficantes mexicanos al Gobierno de Estados Unidos, el 27 de febrero pasado, entre los cuales figuran cabecillas y operadores de los carteles de Guadalajara, Juárez, Los Zetas y de Sinaloa. También coincide con el endurecimiento de la administración de la presidenta Sheinbaum contra la delincuencia organizada. La estrategia se apoya en las reformas constitucionales que brindan mayor libertad y facultades a la secretaría de Harfuch. Tras seis años de ensayo, el Estado dispone de experiencia, personal y recursos para recuperar el control del país.
Sheinbaum advierte que los asesinos de Guzmán y Muñoz «serán detenidos y deberán enfrentar la justicia».
En un caso rodeado de misterio y especulaciones, «Los analistas de la violencia mexicana concuerdan en que apenas hay datos a partir de los que teorizar. Sin embargo, el nombre del Cartel de Jalisco Nueva Generación [CJNG] es el que ha sonado más fuerte. Ninguna prueba permite, por el momento, vincularlos con el doble homicidio, pero, como indica David Saucedo, especialista en seguridad pública, el ataque «tiene la huella del crimen organizado y, si nos vamos a los antecedentes, el CJNG es el grupo criminal que normalmente atenta contra funcionarios de seguridad pública» (El País, 22.05.25). Sin embargo, el ámbito de Guzmán y Muñoz era otro. Habría que seguir otras huellas, incluso fuera de México.
