La alternancia no solo no ha podido con la delincuencia, la corrupción y la impunidad, tampoco con la partidocracia. En los siete últimos años, incluido el actual, los institutos políticos han recibido 47 mil millones de pesos de la federación, además del financiamiento que reciben de los estados. En 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un proyecto ley al Congreso tendente a cancelar las prerrogativas, excepto en elecciones, y obligar a los partidos a sufragar sus actividades. La propuesta fue rechazada por los grupos parlamentarios opositores con el argumento de que atentaba contra la democracia. Los partidos ocupan el último lugar en la clasificación de las instituciones menos corruptas. La Marina, el Ejército y la Guardia Nacional son las mejor calificadas, de acuerdo con la encuesta 2023 de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
La iniciativa para reducir el tamaño del Congreso tampoco fue aceptada. No por razones de representatividad, sino porque limitaba la influencia de los partidos y actuaba contra sus intereses. El poder legislativo de nuestro país está compuesto por 500 diputados y 128 senadores. En número supera al de Estados Unidos (435/100) cuya población es la tercera más grande del planeta y casi tres veces mayor que la de México. Frente al 73% de la muestra de MCCI que considera honesto al presidente, el 72% piensa que los senadores y los diputados son venales. En desprestigio los partidos compiten con las prisiones, los agentes de policía y tránsito y los ministerios públicos, dice la pesquisa.
El 5 de febrero pasado, el presidente López Obrador sometió al Congreso un nuevo paquete de reformas. Insiste en retirar los subsidios a los partidos y en eliminar las 200 diputaciones y 32 senadurías plurinominales. Las burocracias partidistas abusan de esa figura para asignarse los primeros sitios en las listas, en vez de abrirlas a la ciudadanía y de ofrecerlos a expertos en distintas áreas. El fuero sirve de escudo a políticos y exgobernadores acusados de endeudar a sus estados y de saquear las finanzas, como pasó en Coahuila. Sin embargo, la falta de mayoría calificada impide dotar al país de una legislatura menos pesada y de una partidocracia menos onerosa.
La reforma político-electoral del presidente Peña Nieto aumentó las prerrogativas como parte de una estrategia para atraerse el voto de los diputados y senadores del PAN y el PRD en el Congreso y aislar al naciente Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). «El financiamiento (…) merece un análisis inmediato por parte de actores políticos, legisladores, analistas, servidores electorales, académicos y todos los interesados, con el objetivo de racionalizar los recursos destinados a los partidos nacionales y con participación en las entidades federativas, así como a los partidos locales». Así lo advierten Jorge Manríquez y Rocío Hernández en el ensayo «Reforma electoral de 2014. Más dinero a los partidos políticos», publicado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Los autores apuntan que las deficiencias en el financiamiento y la fiscalización provocan que «el ejercicio de la democracia muchas veces se haya puesto en entredicho por el uso y destino de dinero ilícito para financiar las actividades de los partidos, sobre todo en los periodos electorales». El sistema de cuotas en la composición del Instituto Nacional Electoral y del TEPJF le permitía al PRI, al PAN y en menor medida al PRD influir en sus decisiones. La reforma impulsada por el presidente López Obrador propone que los consejeros y los magistrados electorales sean nombrados por voto popular y no por el Congreso.
