Estados Unidos supera a México en 200 millones de habitantes, pero el Congreso y el Senado son menores que el nuestro. No tiene plurinominales ni un órgano comicial oneroso equivalente al Instituto Nacional Electoral, pero su democracia es menos disfuncional y ha soportado cataclismos como el del 6 de enero de 2021, cuando fanáticos azuzados por Donald Trump irrumpieron en el Capitolio para tratar de impedir la certificación del triunfo de Joe Biden. El asalto provocó la muerte de cinco personas (cuatro civiles y un policía) y abrió la puerta para que el magnate inmobiliario participe en las presidenciales de 2024 con probabilidades de ganar.
Desaparecer 200 diputados y 32 senadores, como lo plantea la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, responde a la nueva realidad política del país y a una demanda social impostergable. El sistema pluripartidista se inauguró en las elecciones intermedias de 1977, con la presencia, en la Cámara baja, de tres fuerzas distintas al PRI y sus satélites (PARM y PPS) y al PAN, única oposición real entonces. El Partido Comunista Mexicano volvió a la legalidad después de casi cuatro décadas de estar proscrito. También se le concedió el registro a los partidos Socialista de los Trabajadores (PST) y al sinarquista Demócrata Mexicano (PDM).
La Reforma política de Jesús Reyes Heroles, secretario de Gobernación de José López Portillo, elevó a 400 el número de diputados, pues agregó 100 plurinominales a los 300 de mayoría relativa. La cifra subió a 200 en 1988. Por esa vía ingresaron al Congreso y al Senado personajes como Carlos Pellicer, Jaime Sabines (poetas) y expertos en dis- tintas áreas para elevar el nivel del debate en ambas cámaras. Sin embargo, la figura se desvirtuó y las plurinominales hoy se asignan a políticos venales, sirven para pagar favores y proteger a juniors de caciques cuyas fortunas resultan obscenas. Los partidos ignoran a la militancia y el pensamiento crítico les estorba.
La iniciativa para disminuir el número de diputados y senadores tiene asenso entre la sociedad, no solo por ser el Congreso de la Unión una de las ins- tituciones peor calificadas, sino, además, por estar al servicio de las cúpulas partidistas, vender su voto a las transnacionales y actuar contra los intereses nacionales. La representación proporcional devino en negocio, aumentó el poder a la partitocracia y restó capacidad al Estado para atender necesidades acuciantes en materia de salud, educación, seguri- dad e infraestructura. El rechazo a la reforma proviene de partidos que no están dispuestos a perder subsidios del Gobierno, cotos de poder y privile- gios, no de los electores. El PAN propuso reducir e incluso eliminar el número de legisladores y ahora se opone.
El partido que más se aferra a las sinecuras y al tráfico de influencias es el PRI. No es de balde, pues sin las 39 curules plurinominales hoy solo tendría 31 de mayoría relativa. Entre los diputados de representación proporcional de ese partido figura su inútil presidente nacional, Alejandro Moreno, y varios de sus secuaces; Rubén Moreira, el megalómano exgobernador de Coahuila, y su esposa Carolina Viggiano, uno de cuyos hijos (Juan Pablo Beltrán) es suplente; y Pablo Gamboa, hijo del siniestro Emilio Gamboa Patrón. Votar contra la Reforma política, como pasó con la Eléctrica, significaría una derrota para las oposiciones, pues mostraría su pequeñez. En tal caso, el error lo pagará en las urnas.
