Transparencia Internacional, la primera y mayor organización de lucha contra la corrupción a nivel global, dio a conocer este martes (25.01.2022) su anual Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), mediante el cual detalla el impacto de este flagelo en el sector público de 180 países y territorios, en una escala de cero (muy corruptos) a cien (muy «limpios»).
Este índice, en su edición para 2021, indica que los niveles de corrupción se encuentran estancados a nivel mundial, con escaso o ningún progreso, en los últimos 10 años, en el 86 por ciento de los países evaluados.
En América Latina, Uruguay y Chile resultaron los países mejor ubicados, con 73 y 67 puntos respectivamente, es decir, percibidos como con poco nivel de corrupción.
En el otro extremo se ubican Nicaragua y Haití (con 20 puntos) y Venezuela (con solo 14 puntos), percibidos como muy corruptos.
“El COVID les dio la excusa justa a muchos Gobiernos de tendencias populistas o autoritarias para concentrar el poder”, sostuvo ante DW la presidenta de la organización anticorrupción, Delia Ferreira Rubio.
Ha habido una falta de transparencia absoluta en el uso de los recursos públicos, tanto en la compra de vacunas, como también en algunos subsidios de apoyo económico a empresas o a personas para hacer frente a la situación de emergencia, sin que haya controles, sin que haya transparencia y con muchos conflictos de interés en el medio. En América Latina, el único país que envió los contratos al Congreso fue República Dominicana.
Hay un estancamiento en la lucha contra la corrupción. Veamos que solo alcanza, en promedio, 43 puntos en el ‘ranking’, cuando lo deseable es 100. Y si tomamos desde México para abajo, el promedio es apenas 36,5 puntos.
El continente está en crisis. En muchos países de América Latina se verifica un deterioro de las instituciones democráticas y de los controles recíprocos. La pandemia generó una situación que hizo factible la corrupción, ya que desató la necesidad de medidas de emergencia, y esto significó poner en stand by los controles.
Es decir, la situación de emergencia sanitaria determinó una situación de emergencia institucional, en la que hubo concentración de poder, ya que, en las emergencias, el Poder Ejecutivo asume la responsabilidad y el Parlamento queda en un segundo plano, cuando no cerrado, así como muchas de las Auditorías Generales, las Contralorías y la Justicia.
