La debacle del PAN inició cuando perdió el respeto por sí mismo, olvidó su raíz democrática, abrazó los vicios que antes combatía y se alió con su rival histórico, el PRI. Al no alcanzar el 3 % de la votación mínima el 7 de junio, el partido albiazul perdió su registro en el estado. Para dimensionar la magnitud de este fracaso, basta recordar que, en la elección para gobernador de 2017, Acción Nacional puso contra las cuerdas al tricolor y se quedó a menos de tres puntos de cruzar el umbral del poder.
El cúmulo de irregularidades y la premura con que las autoridades electorales —controladas por el Gobierno— otorgaron la victoria al priista Miguel Riquelme, dieron pábulo a las sospechas de fraude. Miles de personas de todas las edades acudieron a la Marcha por la Dignidad de Coahuila convocada por el panista Guillermo Anaya y el resto de los candidatos, para demandar la anulación del proceso, poner fin al «moreirato» y denunciar la corrupción rampante en el estado.
Las protestas se repitieron a lo largo del estado, atrajeron la atención del país y arrinconaron al PRI. El PAN y Morena impugnaron los resultados por la intromisión del Gobierno y por el rebase de los gastos de campaña de Riquelme. Fue una «elección de Estado», acusaron. Vista en retrospectiva, la tardanza del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para resolver los recursos interpuestos, resultó estratégica por varias razones.
En primer lugar, retrasar casi por seis meses el dictamen del TEPJF debilitó el movimiento cívico-popular e hizo que la ciudadanía perdiera interés. En segundo lugar, la administración de Rubén Moreira y el PRI dispusieron de tiempo suficiente para cabildear la ratificación de Riquelme ante las autoridades electorales e incluso ante la Presidencia de la República. Finalmente, esto permitió al Gobierno y a su candidato atraer a las élites y a los poderes fácticos, los cuales cobraron así mayor influencia y poder. Las dudas terminaron por resolverse cuando el presidente Peña Nieto recibió a Riquelme en Los Pinos, poco antes de que el TEPJF validara el resultado.
La afirmación de la entonces presidenta del TEPJF, Janine Otárola Malassis, según la cual el PAN y Morena «no aportaron las pruebas suficientes para demostrar la existencia de irregularidades graves que pusieran en riesgo el proceso electoral», devolvió a la realidad al estado y terminó de apagar el movimiento más relevante en la historia de Coahuila. El «moreirato» se libró así de ser llamado a cuentas por la megadeuda de casi 40 mil millones de
pesos, contratada sin la autorización del Congreso y con el uso de decretos falsos.
Porfirio Muñoz Ledo, ideólogo del PRI y uno de los líderes de oposición más importantes, aconsejaba «estirar la liga al máximo» en casos de elecciones fraudulentas. «Si no reviertes el resultado —me dijo durante una plática en Saltillo— vulneras al Gobierno y ganas terreno para los siguientes procesos». Andrés Manuel López Obrador lo hizo así y, en su tercer intento, ganó la presidencia. En Coahuila el PAN tomó otra ruta: en vez de reagruparse y mantener vivo el movimiento —como Francisco Barrio lo hizo en Chihuahua al ganar en 1992 la gubernatura que seis años atrás le habían robado en un «fraude patriótico»— el partido se rindió. Un error que pagaría muy caro.
