La ciudad de Mineápolis enfrenta una situación crítica bajo operativos de control migratorio que han sumido a la comunidad en un estado de sitio de facto. La incursión de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), justificada oficialmente por un presunto fraude administrativo vinculado a la comunidad somalí, ha derivado en una persecución generalizada que afecta a miles de residentes, incluidos migrantes de origen mexicano y centroamericano como Balam, un docente chiapaneco que relata el clima de terror que se vive en las calles.
La tensión escaló tras el asesinato de la activista Renée Nicole Good el pasado 7 de enero, quien murió a manos de agentes federales en circunstancias violentas. A pesar de la difusión de videos que contradicen la versión oficial de defensa propia y que muestran la negativa de los agentes a permitir asistencia médica, el gobierno de Donald Trump ha mantenido su postura defensiva. Este suceso ha detonado protestas masivas, el resurgimiento de movimientos civiles históricos y enfrentamientos donde se ha documentado el uso de gas lacrimógeno contra la población.
En zonas de alta presencia latina, como Lake Street, la actividad comercial y social se ha paralizado. Las familias permanecen recluidas en sus hogares por temor a las redadas que ocurren en estacionamientos, escuelas y centros de trabajo. Balam describe esta realidad como una pesadilla donde la seguridad básica ha desaparecido. Ante la suspensión de clases y la detención de docentes, la comunidad ha optado por la organización interna y la alianza comunitaria como mecanismos de supervivencia. La resistencia se presenta actualmente como la única alternativa para una población migrante que se siente utilizada como carne de cañón ante la falta de propuestas gubernamentales y la escalada de la represión estatal.
Fabiola Mancilla Castillo *Integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
