La situación en Irán ha alcanzado niveles críticos tras dos semanas de intensas protestas que han dejado un saldo de al menos 538 muertos y más de 10,000 detenidos, según los datos proporcionados por el observatorio de derechos humanos Hrana. Lo que inició como una manifestación de descontento social por la inflación galopante y la escasez de servicios básicos como agua y electricidad, ha derivado en un movimiento nacional que exige el fin del régimen islámico. El país se encuentra actualmente bajo un severo apagón de telecomunicaciones e internet que ha aislado a la población y paralizado sectores clave como el bancario y el comercial, mientras la represión estatal se recrudece con la participación de la policía, el ejército y la Guardia Revolucionaria.
Informes provenientes de centros médicos en Teherán y ciudades como Rasht describen un escenario desolador. Testimonios de personal sanitario indican que los hospitales están saturados de heridos y cadáveres, muchos de los cuales presentan impactos de bala directos en la cabeza y el corazón, lo que sugiere una política de disparar a matar por parte de las fuerzas de seguridad. Se ha denunciado además que las morgues están sobrepasadas y que las autoridades exigen pagos exorbitantes a las familias para recuperar los restos de sus allegados. A pesar de estas evidencias, los mandos policiales han intentado desviar la responsabilidad hacia supuestos «grupos terroristas», alegando que la distancia de los disparos exonera a los agentes oficiales.
En el ámbito político, el presidente Masoud Pezeshkian ha endurecido su discurso, abandonando los llamados al diálogo para calificar a los manifestantes de terroristas y acusar a Estados Unidos e Israel de orquestar el caos interno. Por su parte, el Parlamento iraní ha lanzado advertencias bélicas directas, señalando que cualquier intervención militar extranjera será respondida con ataques contra bases estadounidenses y objetivos en territorio israelí. Esta escalada de tensión verbal coincide con informes de la prensa estadounidense que sugieren que la administración de Donald Trump evalúa opciones militares en la región. Mientras el régimen amenaza con aplicar la pena de muerte por el cargo de «enemigo de Dios» a quienes participen en los disturbios, el pueblo iraní se mantiene en las calles al grito de lo que consideran una «batalla final», en medio de una incertidumbre que amenaza con desestabilizar por completo el equilibrio de poder en el Oriente Próximo.
