El asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, y del piloto mexicano Alfredo Zavala, el 9 de febrero de 1985, en Jalisco, subió el tono de la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, no logró contener la expansión de los carteles ni rompió sus vínculos con las autoridades supuestamente encargadas de combatirlos. El caso Camarena llevó a un punto crítico la relación entre los Gobiernos de Ronald Reagan, uno de los líderes más influyentes de Estados Unidos y del mundo, y de Miguel de la Madrid, uno de los presidentes más débiles de México. La revisión en las aduanas se hizo con cuentagotas y estranguló las fronteras. De la Madrid cedió a las presiones de Washington y abrió las puertas a la DEA para capturar a los jefes del cartel de Guadalajara, responsables del crimen. Rafael Caro Quintero huyó a Costa Rica. Dos meses después fue arrestado y extraditado a México.
Camarena descubrió en noviembre de 1994 el mayor plantío de marihuana (mil hectáreas) en el rancho El Búfalo, propiedad de Caro Quintero, mientras sobrevolaba por Chihuahua. El Ejército asaltó la finca y destruyó ocho mil toneladas de hierba. El cartel secuestró al agente antinarcóticos el 7 de febrero tras salir del consulado de Estados Unidos en la capital tapatía. Los cuerpos de Camarena y Zavala se localizaron al cabo de un mes. En mayo, durante una visita oficial de De la Madrid a Estados Unidos, el periodista de investigación Jack Anderson publicó en su columna sindicada del Washington Post que el presidente de México había transferido a Suiza más de 160 millones de dólares durante su gestión. Anderson citó como fuente a informantes «con acceso a la Agencia Central de Inteligencia (CIA)».
Caro Quintero recibió una pena de 40 años de prisión, de los cuales solo purgó 28. Un tribunal colegiado ordenó su liberación en 2013 —recién iniciado el Gobierno de Enrique Peña Nieto— por una aparente falla técnica en el proceso. La DEA respondió con una oferta: 20 millones de dólares (la recompensa más alta después de la fijada por Osama Bin Laden) a quien proporcionara información sobre su paradero. La Marina lo detuvo el 15 de julio de 2022 en la sierra de Sinaloa. La extradición del capo a Estados Unidos está detenida, pero tarde o temprano ocurrirá.
La relación del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador con la DEA ha sido tirante desde un principio, quizá por no ser tan complaciente como sus antecesores. Basado en pesquisas de la agencia antidrogas, el New York Times publicó en enero pasado una serie de reportajes donde se acusa a AMLO de haber recibido financiamiento de carteles de la droga para sus campañas de 2006 y 2018. John Kirby, portavoz de la Casa Blanca para asuntos internacionales, y Ken Salazar, embajador de EE. UU. en México, negaron la existencia de investigaciones en curso relacionadas con el presidente López Obrador.
La DEA siempre ha sido «un dolor de cabeza en México», declara el exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Las filtraciones —dice— son «una venganza», pues no tiene las libertades de antes. El propósito consiste en «poner en entredicho la autoridad política del presidente», apunta. El analista político Leonardo Curzio coincide en el diagnóstico. «Le están diciendo (a AMLO) “a usted también lo queremos empapelar, sigue siendo usted un presidente muy poderoso y ahora no podemos, pero ahí le van los reportajes para recordar que usted es mortal, que dejará de ser presidente y que se cobrarán facturas”» (El País, 23.02.24). Responder con energía las acusaciones que ponen en tela de juicio su trayectoria política y su conducta, le ha permitido a AMLO conjurar tormentas. El cielo, sin embargo, sigue encapotado.
