El moreirazo evidenció al Congreso y a la Secretaría de Hacienda. Ninguno detectó —o fingió ignorar— el acelerado e irregular endeudamiento de estados como Coahuila. Una vez descubierto, la Auditoría Superior de la Federación (ASE) propuso analizar el «entorno y la dinámica de la deuda subnacional». Le sorprendía el aumento de 187 mil millones de pesos (92.4% en términos reales) registrado entre 2008 y 2011. El órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados advierte en el «Análisis de la Deuda Pública de las Entidades Federativas y Municipios» (2012): «Uno de los problemas a resolver es dar plena transparencia al total de la deuda, de los pasivos contingentes y de las obligaciones financieras a cargo de los Gobiernos subnacionales, a fin de medir la capacidad de pago de las finanzas públicas (…)».
Campeche y Coahuila mostraron las variaciones de adeudos más elevadas en el mismo lapso, de acuerdo con la ASE: 2,420 y 1,639% respectivamente. Al cierre del primer trimestre de 2011, las obligaciones registradas y las reales de los estados mostraron una discrepancia por 48 mil 994 millones de pesos; después subió a 56 mmdp. Coahuila fue el estado con la mayor deuda no declarada: 23 mil 643 mmdp, cifra 7.7 veces superior a la omitida por Estado de México, cuyo gobernador era entonces Enrique Peña Nieto. Junto con el crecimiento vertiginoso de la deuda subnacional la cartera vencida se disparó a 200 mil 765 mmdp, lo cual encendió las alarmas en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
En octubre de 2011, la CNBV dictó medidas para incrementar el monto de las reservas preventivas y garantizar la recuperación de créditos. Las cosas no pararon allí. El 17 de febrero, el mismo órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda ordenó a las agencias calificadoras establecer elementos mínimos para estudiar, evaluar y dictaminar la calidad crediticia de valores y clientes con información actualizada, relevante, oportuna y clara. El saldo acumulado de los pasivos estatales se ignoraba, debido a que solo se registraban ante Hacienda los garantizados con participaciones. La Ley de Deuda Pública concedía ventajas adicionales a los Gobiernos locales, pues tampoco los obligaba a reportar la deuda de corto plazo ni compromisos financieros como los proyectos de inversión en el esquema de asociaciones Público Privadas, las cuales se contabilizaban como gasto corriente y no como deuda pública directa.
Coahuila es una de las referencias del estudio. De acuerdo con el artículo 117 de la Constitución general, «los estados y los municipios podrán contraer obligaciones o empréstitos sólo cuando se destinen a inversiones públicas productivas». En teoría, los congresos locales deberían autorizar la deuda y los gobernadores informar sobre su aplicación. En la administración de Humberto Moreira el tema financiero fue un tabú. Después se sabría la razón: ocultar la deuda. Solo cuando el escándalo afloró se supo que la legislatura no había aprobado una parte significativa del pasivo, pero en vez de ejercer sus facultades y demandar al Gobierno por violar la Constitución local usar decretos falsos, legalizó el atraco. Las denuncias de la Auditoría Superior del Estado por la deuda y las empresas fantasma en la gestión de Rubén Moreira duermen en los archivos de la Fiscalía General del Estado, arrulladas por un Sistema Estatal Anticorrupción inútil y al servicio del clan.
