Miles de personas mueren anualmente por enfermedades prevenibles y el Estado dedica cantidades ingentes de dinero a una batalla condenada al fracaso la mayoría de las veces. El periodista Édgar London escribe sobre el tema en el catorcenario “Espacio 4”. «La salud pública en México está en jaque, no por una pandemia emergente ni por una crisis presupuestal coyuntural, sino por la inacción frente a una epidemia silenciosa y rentable: la del consumo masivo de productos ultraprocesados, alcohol, tabaco y bebidas azucaradas. Así lo denuncian organizaciones civiles, académicos y expertos en salud en un pronunciamiento difundido el 24 de junio para exigir al Gobierno de México una intervención firme y urgente.
»Ni el sistema de salud pública ni el bolsillo familiar pueden afrontar los daños provocados por el alto consumo de productos ultraprocesados, bebidas azucaradas, tabaco y alcohol. Estos productos, según los firmantes, hoy son los principales factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes tipo 2, hipertensión, diversos tipos de cáncer y afecciones cardiovasculares, las cuales representan la principal causa de muerte en el país.
»El problema no es nuevo, pero sí creciente. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022 revela que el 75% de los adultos padece sobrepeso u obesidad, lo mismo que el 38% de los adolescentes y el 35% de los niños. La tasa de diabetes tipo 2 se ha duplicado en las últimas dos décadas, mientras “Los costos provocados por el consumo de estos productos sobrepasan (…) en más de 1000% los impuestos que pagan en México las corporaciones por introducirlos al mercado», dice el texto. Las organizaciones acusan a las corporaciones de obtener “ganancias multimillonarias” mientras trasladan el costo sanitario y económico a la sociedad. Denuncian una “publicidad agresiva”, la disponibilidad de productos “en todo lugar y a toda hora”, precios accesibles y “el poderoso cabildeo […] para impedir mayores regulaciones e impuestos”.
»Reconocen los avances normativos alcanzados en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador —como la aprobación del etiquetado frontal de advertencia y algunas restricciones publicitarias—, pero aseguran que las medidas son aún “insuficientes, dado el tamaño del reto”. La administración de Claudia Sheinbaum afronta una disyuntiva crítica: continuar y profundizar las políticas de salud pública o ceder ante las presiones empresariales que históricamente han frenado las reformas estructurales en este campo.
»El documento propone una batería de medidas urgentes. Para los ultraprocesados y bebidas azucaradas, aumentar los impuestos hasta alcanzar los niveles sugeridos por la Organización Mundial de la Salud, reforzar el etiquetado y aplicar sin demoras la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, cuyo reglamento sigue pendiente. También subraya la importancia de proteger la alimentación infantil desde los primeros meses de vida mediante la implementación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna.
»En cuanto al alcohol, denuncian la falta de una política nacional para su control. “Las bebidas alcohólicas se venden en todo lugar y a toda hora, su publicidad no está regulada y se mantiene asociada a eventos deportivos y culturales”, por lo que, según los colectivos, normaliza el consumo entre los jóvenes y exacerba sus efectos en la salud y la violencia. Los impuestos vigentes, señalan, “son muy bajos” y deben ajustarse “a los graves daños que provoca en la salud”.
»En cuanto al tabaco, las propuestas incluyen el aumento de tasas, la implementación de empaquetado neutro, la prohibición de saborizantes y aditivos, así como la firma del Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco. Asimismo llaman a mantener la prohibición de la comercialización de vapeadores y hacer pública de inmediato la regulación secundaria. Todas estas acciones, aclaran, tienen “sustento científico” y están respaldadas por agencias internacionales y comités de expertos libres de conflicto de interés. El llamado, sin embargo, no es solo una denuncia: también es una invitación. Reiteran su disposición de “colaborar con el Gobierno de la República en el diseño e implementación de estas políticas preventivas”, convencidos de que todavía es posible contener la crisis sanitaria si se actúa con decisión y sin concesiones.
