Expertos alertan que investigación hacia el expresidente puede quedarse en lo político.
La Unidad de Inteligencia Financiera informó que el exmandatario recibió más de 26 mdp en transferencias del 2019 al 2021.
La fiscalía general de la República (FGR) investigará al exmandatario Enrique Peña Nieto por recibir recursos posiblemente de procedencia ilícita, sin embargo, expertos consideraron que lo anterior tiene más tintes políticos que de justicia y advirtieron que el caso puede quedar en la impunidad.
Tanto José Fernández de Cevallos, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), como el director Ejecutivo de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, consideraron que el sistema de justicia en México cuenta con diversas herramientas para una investigación como la que pretenden la actual administración sobre el exmandatario.
“La Fiscalía Anticorrupción es parte de la FGR y tiene a su disposición todos los recursos materiales y técnicos de los que dispone la fiscalía general. En un caso de esta relevancia cuenta también con todo el apoyo directo de las instituciones nacionales e internacionales encargadas de posibles delitos económicos y financieros. Además, el propio expediente entregado por la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) contiene información de dependencias como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”, comentó Bohórquez.
Incluso, sostuvo, no existe ninguna duda de que puede colaborar con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) “o cualquier otra institución vinculada con la materia fiscal fuera de México”.
Para Eduardo Bohórquez, la investigación contra Peña Nieto radica en “si la motivación es más política que de justicia”.
“Ahí corremos el riesgo de que se alarguen los procesos para alinearlos al calendario político electoral y que nos termine con un resultado similar a la Estafa Maestra o el caso Lozoya”, refirió.
