La privatización del sistema integral de suministro de hidrocarburos (almacenamiento, transporte y distribución), vigente desde 1995 en virtud de una reforma al artículo 27 constitucional promovida por el presidente Ernesto Zedillo, facilitó la creación de gigantes como Grupo Simsa. La empresa, de origen lagunero, ha vuelto al ojo del huracán; esta vez, por el decomiso de combustible, supuestamente contrabandeado (huachicol fiscal), en su terminal de San José Iturbide, Guanajuato, que opera su filial Gas Natural del Noreste.
El aseguramiento de 59 millones de litros de gasolina (regular y premium) y diésel ocurrió el 4 de septiembre, pero reportarlo 13 días después despertó sospechas. El golpe, presentado como «el más grande en la historia», supera casi cuatro veces el volumen del registrado en julio del año pasado en Ramos Arizpe y Saltillo, Coahuila. Las investigaciones las inició el 3 de julio la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) tras la detención de una pipa que vaciaba 33 mil litros diésel en una gasolinera de San Luis de la Paz, cuya trazabilidad no pudo acreditar el chofer. El caso lo atrajo la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), debido a su complejidad y relevancia. La FGR destituyó a su delegado en Guanajuato, Francisco Vera Ayala, por las anomalías e inconsistencias en el operativo.
Simsa se deslindó del asunto en un comunicado y trasladó a sus clientes la responsabilidad de acreditar el origen, legalidad y destino del combustible bajo custodia. La terminal de Gas Natural del Norte no fue clausurada, pero, de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, el expediente seguirá abierto mientras las autoridades competentes revisan los permisos de la empresa y determinan si el combustible almacenado es huachicol. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, no ha descartado que haya detenciones.
Grupo Simsa y otros consorcios gaseros como Soni, Nieto, Tomza, Global, Uribe y Metropolitano están en el punto de mira de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). El 9 de noviembre de 2022, el pleno de la Comisión las multó con 2 mil 414 millones de pesos «por coludirse para fijar, elevar, concertar y manipular el precio de distribución de gas licuado de petróleo (gas LP) mediante plantas y expendio en estaciones de servicio». También las encontró responsables de «dividir, distribuir, asignar o imponer porciones del mercado mediante clientela en el territorio nacional, en
términos del artículo 53, fracciones I y III de la Ley Federal de Competencia Económica» (Cofece-037-2022).
En el periodo 2007-2019 —dice el comunicado—, el deterioro de las condiciones de oferta y el cobro de sobreprecios provocaron «un daño estimado que asciende a 13 mil 392 millones 548 mil 798 pesos». La Cofece catalogó de «gravedad alta» el proceder de las empresas, en virtud de «la magnitud del daño, el carácter intencional de las conductas y la relevancia del mercado afectado en el bienestar general». El 23 de abril de este año, la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) presentó una demanda colectiva para que «53 empresas que se coludieron durante más de 10 años en la Ciudad de México, Estado de México, y distintas localidades en Colima, Tamaulipas y Sinaloa reparen los daños ocasionados a los consumidores afectados».
La acción —advierte— deriva de una resolución «donde se descubrió y sancionó un acuerdo colusorio en el que Grupo Soni, Grupo Simsa, Grupo Nieto, Grupo Tomza, Grupo Global Gas y Gas Metropolitano se pusieron de acuerdo para manipular precios y repartirse la clientela». La demanda busca condenar a los infractores «a otorgar descuentos sobre el Gas LP a todos los consumidores de las zonas afectadas, lo que permitiría una verdadera reparación del daño causado a las familias».
