La ley del más fuerte
La migración irregular ha cobrado fuerza en las agendas políticas de los países desarrollados en las últimas décadas. La búsqueda de oportunidades y mejores condiciones de vida induce a legiones a cambiar de aires sin arredrarse ante los riesgos y dificultades inherentes. Miles han muerto en el afán o sufrido mutilaciones. Estados Unidos deportó a más de 19 millones de mexicanos en los 36 últimos años. El lapso comprende tres presidentes republicanos (George Bush, padre e hijo, y Donald Trump) y tres demócratas (Bill Clinton, Barack Obama y Joe Biden). Los gobiernos con más expulsiones son los de Clinton (7.4 millones), Bush hijo (4.6 millones) y Obama (2.8 millones) en dos periodos cada uno.
Contra la retórica incendiaria y antiinmigrante de Trump, en su primera administración sólo fueron repatriados 766 mil mexicanos; y en la de Biden, 891 mil. Las deportaciones son permanentes, pero la intensidad varía según las circunstancias y las presiones políticas. El plan migratorio perfilado por los gobiernos de Vicente Fox y George W. Bush quedó sepultado bajo los escombros de las Torres Gemelas luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. La forma también cambia. No es lo mismo la política silenciosa de Obama que la estridente motosierra de Trump.
El paréntesis que Claudia Sheinbaum y el líder de Estados Unidos, Donald Trump, abrieron para posponer hasta principios de marzo el aumento de aranceles y las deportaciones masivas es un primer paso para la suspensión definitiva o, al menos, no inmediata de las nuevas tarifas. El acuerdo demuestra firmeza y capacidad negociadora de la presidenta mexicana. La legitimidad de su Gobierno y el reconocimiento a la gestión con Trump le permiten planear las siguientes jugadas en el tablero de la siempre compleja relación con su principal socio comercial. El apoyo y la cohesión del sector empresarial y de los gobernadores de todas las fuerzas políticas en torno a Sheinbaum, no lo tiene Trump, quien afronta oposición en el Congreso, los estados y las corporaciones.
Cumplir los compromisos de México con la Casa Blanca —la cual ha abierto frentes en Europa, Oriente Medio y América en tiempo récord— depende en primer lugar a la presidenta Sheinbaum. Sin embargo, los gobernadores de los estados fronterizos (tres de Morena, uno del PAN, uno del PRI y otro de Movimiento Ciudadano) también tienen a cuestas una responsabilidad enorme. La principal consiste en cerrar la puerta a los traficantes de drogas y de personas, además de cuidar que las policías estatales y municipales no estén infiltradas por el crimen organizado. La presencia de estos grupos fue tolerada y protegida por altos cargos. Así consta en «Control… Sobre Todo el Estado de Coahuila. Un análisis de testimonios en juicios contra integrantes de Los Zetas en San Antonio, Austin y Del Río, Texas», elaborado por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, en colaboración con el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, fundado por el exobispo de Saltillo, Raúl Vera.
Un mes es poco tiempo para esperar resultados espectaculares, pero suficiente para saber si en la Casa Blanca existe la misma voluntad que en Palacio Nacional para cumplir los compromisos asumidos. Pues mientras las adicciones y el contrabando de armas no se combatan al norte del río Bravo con el mismo rigor que se exige a México, la violencia y los conflictos no cesarán. Los Gobiernos deben cumplir sus tareas de manera permanente, en un clima de colaboración y respeto, sin imponer condiciones bajo la ley del más fuerte. Es mejor así a esperar que la acción de uno de los enemigos de Estados Unidos vuelva a relegar la agenda migratoria y de seguridad.
