Alegato tramposo
El resultado de las elecciones judiciales no puede comprarse con ninguno previo por ser la primera vez que los ministros, magistrados y jueces federales son nombrados mediante voto popular. Antes y después de la alternancia el presidente proponía ternas para integrar la Suprema Corte de Justicia, y el Senado de la República nombraba al candidato oficialista con el voto del partido en el poder. Cuando el PRI dejó de tener mayoría calificada completó los dos tercios requeridos con el apoyo de las siglas más afines, en este caso las del PAN. Los comicios para renovar el Poder Judicial de la Federación planteaban dos escenarios: una amplia participación, por inéditos y por ofrecer a los mexicanos la oportunidad de elegir directamente a los impartidores de justicia; o un elevado abstencionismo por tratarse de un ejercicio democrático en un campo donde la mayoría es profana y priva la desconfianza como es el de las leyes.
Los grupos boicoteadores son los mismos que promovieron el voto contra Claudia Sheinbaum y los partidos de la alianza «Sigamos Haciendo Historia» (Morena-PT-Verde). De haber tenido éxito su empeño, Sheinbaum no habría alcanzado los 36 millones de papeletas que la convirtieron en la presidenta más votada en la historia del país. Los 13 millones de sufragios del 1 de junio tampoco se corresponden con la promoción de Palacio Nacional para acudir a las urnas. Quienes votaron o se abstuvieron lo hicieron libremente. Eso es democracia.
Las oposiciones y los grupos de interés alegan tramposamente que el futuro del sistema de justicia lo decidieron 13 millones de mexicanos, de un universo de 100 millones, lo cual es cierto. Si tanta su preocupación ¿por qué, entonces, en vez de incitar a la participación la disuadieron? La concurrencia pudo ser mayor o incluso menor, pero el voto vale si se emite, no si se reserva. El sufragio no garantiza por sí mismo al país un Poder Judicial independiente ni a los ciudadanos una justicia asequible, pronta y expedita al margen de su posición política, económica y social. Eso depende de la capacidad e integridad de los jueces y del nuevo Tribunal de Disciplina que sustituirá al Consejo de la Judicatura Federal.
La judicial tiene, como toda reforma, adeptos y detractores. La mayoría coincide, sin embargo, en que la justicia en nuestro país es una entelequia. El Índice Global de Estado de Derecho 2024 ubica a México en el puesto 118 de 142 países [World Justice Project (WJP)]. En la región de América Latina y el Caribe es el número 28 —de 32— solo por encima de Bolivia, Nicaragua, Haití
y Venezuela. Los mejor calificados son Uruguay, Costa Rica, Barbados, Chile y Antigua y Barbuda. La recesión mundial del Estado de derecho, iniciada en 2016, afecta al 77% de los países, incluido el nuestro, dice WJP.
Con respecto al desempeño de los sistemas de seguridad, justicia y protección de los derechos humanos en 94 países, México aparece en el lugar 81 de acuerdo con el Índice Global de Impunidad (IGI) 2024 de la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP), 15 puntos por encima del promedio de impunidad de 31.6. Nuestro país «refleja problemas sistemáticos y estructurales en el sistema de seguridad, la justicia y la protección de los derechos humanos», dice el análisis. La elección judicial no es, ni de lejos, la panacea universal, sino apenas un paso frente a las demandas de justicia largamente pospuestas. Su éxito dependerá de la actuación del Poder Judicial de la Federación y de la sociedad para exigir la aplicación de la ley sin distinción.
