Los extraditados
En un país con auténtico Estado de derecho y un sistema de justicia independiente, la detención de políticos y delincuentes de cuello blanco no sería la excepción, sino la regla. Tomás Yarrington (Tamaulipas) es el segundo exgobernador extraditado a México por Estados Unidos, donde se declaró culpable de lavado de dinero y pasó siete años entre rejas. La Fiscalía General de la República lo acusa de delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Javier Duarte (Veracruz) y Roberto Borge (Quintana Roo), extraditados por Guatemala y Panamá en 2017 y 2018, permanecen en prisión.
Estados Unidos entregó en 2022 a César Duarte, exgobernador de Chihuahua, artífice de la Operación Safiro junto con el entonces líder del PRI, Manlio Fabio Beltrones (actual senador). La conspiración, urdida durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, permitió desviar 650 millones de pesos del erario a las campañas políticas del PRI. Coahuila reprodujo el esquema en la administración de Rubén Moreira. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) siguió el caso Safiro con puntualidad.
Duarte era protegido de la cúpula del PRI, pero cuando Javier Corral (PAN) le ganó la gubernatura a su delfín (Enrique Serrano) las tornas se volvieron. De acuerdo con MMCI, Duarte «(…) fue acusado de malversación de recursos públicos y desvío de fondos públicos, lo que resultó en el endeudamiento del estado (…) por más de 48 mil millones de pesos. A la acusación inicial se agregaron el desvío de 120 millones de pesos a la Unión Regional Ganadera (…) y Financiera de la División del Norte, de la cual era accionista y socio, y el desvío de 250 millones de pesos para campañas políticas del PRI. (…) El exgobernador cuenta con 11 órdenes de aprehensión en su contra».
MMCI describe la Operación Safiro como «uno los casos más emblemáticos de desvío de recursos coordinados entre siete estados de la república donde se desviaron alrededor de 650 millones de pesos (…). En este caso, una de las fiscalías involucradas, la de Chihuahua, tomó seriamente su tarea y comenzó procesos penales contra más de diez personas. Además, logró obtener ocho sentencias condenatorias en contra de personas involucradas en los actos de corrupción. (…) Si bien la Fiscalía de Chihuahua realizó bien su trabajo durante los primeros años, es necesario que no abandone este caso para sancionar a las personas presuntamente involucradas».
Sin embargo, el optimismo duró poco. Acción Nacional conservó el estado, pero la gobernadora María Eugenia Campos invirtió los papeles: liberó a Duarte y persiguió a Corral. La inquina de Campos empezó en 2020, cuando Corral la acusó de cobrar en la nómina secreta de Duarte. Ella lo negó. Sin embargo, el juez Samuel Mendoza la vinculó a proceso, cuando era candidata, apoyado en 34 recibos con su firma, certificados tres años después de darse a conocer (Infobae, 05.04.21).
Chihuahua irá a las urnas el año próximo. Si la senadora Andrea Chávez (Morena) gana la gubernatura, como anticipan las encuestas, pondrá a Campos contra la pared y Duarte podría volver a prisión. Chávez ha denunciado «ataques sistemáticos» del Gobierno de Chihuahua, comunicadores y figuras públicas del PAN por la campaña de salud gratuita que realiza en el estado. «Es curioso porque, viendo a estos personajes, uno descubre que son los mismos que hacían negocios con Genaro García Luna, hoy preso (en Estados Unidos) por narcotráfico» (Infobae, 26.03.25). Duarte aprovecha la protección de Campos para explotar presas ilegales y pozos clandestinos en su rancho «El Saucito», mientras el estado afronta una sequía severa. El exgobernador logró detener temporalmente la demolición de represas por un amparo exprés. Así funciona la justicia todavía.
