El llamado de las urnas
¿Con qué elección se puede comparar la de este domingo 1 de junio para renovar la Suprema Corte de Justicia de la Nación y nombrar magistrados y jueces federales? ¿Con alguna presidencial o para gobernador? Con ninguna, pues jamás se ha celebrado una igual. En los procesos políticos los partidos movilizan sus estructuras territoriales para hacerse con más votos y alcanzar el poder. La elección judicial, por ser inédita, abre grandes espacios para la incertidumbre. ¿Cuántos de los casi 100 millones de mexicanos aptos para votar acudirá a las urnas? Eso lo dirá el cómputo, pero yo seré uno de ellos por ser un derecho ciudadano, y porque pienso que, aun con las deficiencias y riesgos que la elección comporta, el país necesita un Poder Judicial independiente, al servicio de la justicia y no de los poderosos que en la actualidad lo controlan.
Curiosamente los sectores, medios de comunicación y la «comentocracia» que el año pasado promovieron el voto por Xóchitl Gálvez, candidata del PAN-PRI-PRD a la presidencia, hoy se desgañiten y llaman a la abstención. Así son de demócratas. Si la votación no es copiosa, como todo apunta, se colgarán la medalla aun a sabiendas de que en México el abstencionismo es alto; y si la participación es intermedia, la atribuirán al acarreo, a los acordeones, nunca a los ciudadanos responsables. En las elecciones presidenciales de 2018 y 2024, dos de las más concurridas, la participación ciudadana fue del 63.4 y 61%, respectivamente. En los comicios de 2003, para elegir diputados, solo votó el 41% de la lista nominal. Los abstencionistas representaron el 59%.
Las proyecciones de participación para el domingo varían según la fuente. La encuesta de Enkoll, El País y W Radio, publicada el 26 de mayo, ofrece datos interesantes. El 86% sabe de la elección; la mayoría se enteró por los medios de comunicación tradicionales (televisión, radio, prensa). El 48% citó el día correcto (1 de junio). El 38 dijo que es «muy probable» que acuda a votar, y el 26%, que es «algo probable». El 77% desconoce y no ha escuchado quiénes son los aspirantes. El 18% se declara suficientemente informado sobre la elección; el 43%, poco; y el 35%, algo.
El 72% considera necesaria la elección; el 65%, que «aumentará la confianza y legitimidad» del Poder Judicial; y el 60%, que «reducirá la corrupción e impunidad». El 31% opina lo contrario. Para el 52%, los ministros, magistrados y jueces «serán menos vulnerables a la influencia del crimen organizado» si son elegidos por los ciudadanos. Antes los nombraba el presidente de la república a través del Senado. La encuesta cierra con la evaluación de la
presidenta Claudia Sheinbaum. El 83% la aprueba («mucho», el 59; y «poco», el 24%). El 15% la reprueba («poco», el 8%; y «mucho», el 7%).
El boicot y la propaganda contra la elección judicial lo explica la infinidad de intereses políticos y económicos que afectará. La Corte y el Poder Judicial obedecen a la oligarquía y a los grupos de presión más que a las leyes y a la Constitución. Si no, ¿quiénes pueblas las cárceles? El hurto famélico es más grave que el robo de combustible. La decisión de votar o abstenerse corresponde a cada ciudadano y debe respetarse. Lo importante es construir un sistema no obsecuente con la minoría selecta, sino que en realidad procure el bien común y la igualdad de todos ante la ley. Un país donde los índices de impunidad superan el 95% es un Estado fallido. La elección implica riesgos, pero también brinda la oportunidad de que la justicia esté al alcance de todos.
