Sistema indefendible
La propuesta del expresidente Andrés Manuel López Obrador para crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, en sustitución del INE, reducir el número de consejeros de once a siete y nombrarlos mediante voto popular, generó movilizaciones y protestas en la mayor parte del país. El proyecto se estancó, pues Morena y sus aliados (PT y Verde) no contaban con los votos suficientes para darle rango constitucional. En el caso de la reforma al Poder Judicial no pasa lo mismo por varios factores. La presencia del INE en la cotidianidad de los mexicanos a través de la credencial de elector y de campañas para reforzar el sentido de pertenencia («Mi INE») establecieron un vínculo identitario. La autonomía e independencia otorgadas previamente al Instituto Federal Electoral (IFE, antecedente del INE) ya habían puesto fin a la simulación de elecciones libres y democráticas.
La primera alternancia en el poder acreditó al IFE ante los ojos de México y el mundo. Sin embargo, en 2006 sufrió un tropiezo. Suspendió el conteo rápido de votos y más tarde declaró ganador a Felipe Calderón (PAN) por un margen de 0.58%. La crisis poselectoral forzó la renuncia de un grupo de consejeros y una reforma para cambiar las siglas del IFE por las del INE. La elección de Enrique Peña Nieto, en 2012, también fue impugnada; en su caso, por haber sobrepasado en más de 10 veces el tope legal de gastos de campaña. En el entretanto, el PRI y el PAN coptaron al INE. La iniciativa de López Obrador de 2022 para modificar la estructura del órgano electoral afrontó resistencias ciudadanas, de las oposiciones y del statu quo, los cuales, al final, lograron detenerla. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum tiene mayoría calificada en el Congreso para llevar a cabo la reforma electoral.
El Poder Judicial ocupa hoy el centro de la polémica. Elegir ministros, magistrados y jueces en las urnas marca un hito de la democracia del país. Para los poderes fácticos resulta inadmisible y escandaloso que sean los ciudadanos quienes los nombren. Por lo tanto, prefieren boicotear el proceso antes de llamar a la participación; no para legitimarlo, propósito obvio, sino para poder exigir cuentas a la presidenta y resultados a los futuros jueces. Profana en derecho, la mayoría ve la elección judicial con curiosidad (en otros países ya existe), pero aun así la juzga necesaria. Nuestro sistema de justicia no tiene nada de que presumir, y sí mucho de qué avergonzar, pues adolece de múltiples vicios. Estar al servicio de los poderosos y ensañarse con los pobres lo hace indefendible. La población carcelaria lo confirma.
Catalina Kühne Peimbert, directora ejecutiva de Impunidad Cero, escribe sobre el tema: «La impunidad en México representa uno de los mayores desafíos para su sistema de justicia y la cohesión social. Estudios recientes destacan que sólo uno de cada cien delitos cometidos en el país es sancionado, lo que deja al 99 % de los delitos sin resolución ni castigo. En el Índice Global de Impunidad México (IGI-MEX) 2022, México ocupa el lugar 60 entre 69 países evaluados, situándose como uno de los países con niveles de impunidad más altos a nivel global. Además, organismos internacionales como World Justice Project califican al país como uno de los peores en ámbitos clave como ausencia de corrupción, orden y seguridad, y garantía de justicia» (Este País, 17.03.25).
Kühne advierte que los datos «no solo reflejan fallas sistémicas, sino también una crisis estructural que afecta la justicia y la confianza en las instituciones». Su recomendación es abordar el fenómeno con «un enfoque integral que incluya mayores recursos, reformas estructurales y un compromiso decidido de parte de las autoridades y la sociedad civil para garantizar un Estado de derecho efectivo y equitativo». Tampoco es optimista con respecto a la reforma judicial, pues «no presenta ninguna innovación que ataque este problema de raíz». «Combatir la impunidad», desde la perspectiva de los derechos humanos, «es una obligación moral y legal. Cada caso no resuelto representa una falla del sistema y una negación para las víctimas», concluye la escritora.
