Estadística de espanto
Casi nueve de cada 10 desapariciones en México ocurrieron entre 2006 («cuando el Gobierno de Felipe Calderón implementó la militarización de la seguridad pública como estrategia de combate al crimen organizado») y agosto pasado. Así lo indica Amnistía Internacional (AI) en un informe disponible en su sitio web. La estadística refleja la «grave crisis de desapariciones vinculadas al contexto de la violencia que ha enfrentado el país en las últimas décadas». Máxime si se toma en cuenta que, de 127 mil 69 casos reportados ante el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), 13 mil 967 corresponden al periodo 1952-2005; las demás (113,102) son consecuencia de la guerra contra el narco.
AI destaca «el papel fundamental» de los más de 200 colectivos dedicados a la localización de personas en todo el país, mayormente compuestos por familiares y mujeres, agrupados en el Movimiento por Nuestros Desaparecidos. El trabajo de las autoridades es deficiente, pues no encuentran a los desaparecidos, brindan un acompañamiento inapropiado y las herramientas e información que proporcionan son insuficientes, dice el movimiento formado por más de 10 millones de personas alrededor del mundo. El Gobierno tampoco garantiza la seguridad y protección de las buscadoras ni atiende sus necesidades de salud, económicas y psicológicas.
En México la presión social se responde con normas e instituciones que la mayoría de las veces no funcionan por falta de voluntad y de presupuesto. Son los casos de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, el Sistema Nacional de Búsqueda y el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas, además de mecanismos y comisiones. Empero, las desapariciones, en vez de disminuir, han aumentado. Amnistía Internacional ha recibido reportes de mujeres buscadoras que presentan trastornos físicos, emocionales y enfermedades crónico-degenerativas derivados del agotamiento por años de búsqueda infructuosa, la pérdida de empleo, la incomprensión de sus familiares y el desamparo del Gobierno.
El colectivo Hasta Encontrarte, constituido en 2021 en Guanajuato, el estado más violento del país, ha localizado 21 fosas clandestinas y a 216 personas. Amnistía presenta el testimonio de Karla Martínez. «Buscar a alguien es peligroso. Me han perseguido y me han disparado. Es aterrador sentir que las mismas personas que se llevaron a mi hermano (en 2020) podrían venir por mí también. Me siento completamente insegura y vulnerable donde esté». Bibiana Mendoza y Verónica Durás, las otras líderes del grupo, también «han
recibido amenazas, han sido reprimidas y criminalizadas durante protestas, y han sido disparadas durante sus labores de búsqueda», señala Amnistía.
Catorce personas buscadoras han sido asesinadas entre 2021 y abril pasado; 11 eran mujeres (Fundación para la Justicia). El caso más reciente es el de Teresa González Murillo, del colectivo Luz de Esperanza de Guadalajara. Según la fiscalía de Jalisco, el crimen se cometió para robarla, como si eso le restara gravedad. El problema está fuera de control y no puede ser ignorado más tiempo por las autoridades federales y locales. En 2013, los países con mayor número de desapariciones forzadas eran Iraq (12,460), Argentina (3,449) y Guatemala (3,155). En las tres décadas previas, el promedio anual en México era de 327 (ONU). Las cifras actuales son de espanto. Ser la primera presidenta obliga a Claudia Sheinbaum a afrontar la crisis de desapariciones con decisión, como no lo hicieron sus predecesores. Entre otras razones, por ser la primera presidenta y porque las principales víctimas son mujeres.
