Delincuencia globalizada
El caso Teuchitlán, Jalisco, presentado como «campo de exterminio», palidece frente a los actos de barbarie cometidos en Allende y Piedras Negras, donde 300 personas o más fueron asesinadas, disueltas en tambos o desaparecidas, y sus restos esparcidos en canales y otros sitios. Sin embargo, el asunto no recibió la misma atención. Blanca Isabel Martínez, directora del Centro de Derechos Humanos Juan Fray de Larios (FJdL), ve las cosas desde otra perspectiva. Los casos forman parte de la misma «ingeniería del exterminio», subraya, aunque su tratamiento en los medios de comunicación y la reacción del Gobierno Federal seas diferentes.
La activista advierte, en este punto, que «la deuda histórica del Gobierno de Coahuila con la justicia sigue sin saldarse». Ha faltado voluntad política. En el ejido Patrocinio, de San Pedro, donde en 2016 se descubrieron fosas clandestinas, descritas entonces como «centros de exterminio», la recuperación de hallazgos tardará 35 años. Campos de la muerte existen en todo el país, pero los estados no comparten información. No hay contra quién cotejar las muestras de ADN. ¿Cuál es el objeto del Banco Nacional Genético?, cuestiona. De seguir por ese camino, «las bodegas de resguardo se convertirán en mausoleo». Martínez calcula en 3 mil 500 las personas desaparecidas en Coahuila.
El fenómeno es alarmante —expresa—, pues las empresas criminales operan a escala global. La Convención de Palermo de Naciones Unidas enlista más de 20 delitos transnacionales. Además del narcotráfico, la trata es una de las fuentes más rentables, apunta la directora del FJdL. El reclutamiento forzado para el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas también podría responder a un cambio de conducta: el temor de las personas, sobre todo jóvenes, a enrolarse voluntariamente por los riesgos inherentes y la presión del Gobierno de Estados Unidos para que las acciones de México contra la delincuencia organizada sean más firmes.
La Fiscalía General de la República atrajo el caso Teuchitlán para despejar dudas y deslindar responsabilidades. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha señalado que el rancho Izaguirre funcionaba como centro de adiestramiento del Cartel Jalisco Nueva Generación, mas no como campo de exterminio. En Allende y en el penal de Piedras Negras, las pruebas y los testimonios sobre las masacres son irrefutables. Sin embargo, como observa Martínez, Coahuila no ha llamado la atención del Gobierno federal.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha tratado el tema de Teuchitlán con tacto. El caso es grave, pero tampoco equiparable a la desaparición y asesinato de 43 normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de 2014. Peña Nieto, al eludir el problema, provocó una crisis mayor. El procurador general de la república, Francisco Murillo Karam, quiso darle carpetazo con una «verdad histórica» que nadie creyó. Entre uno y otro suceso hay diferencias notables. En la desaparición de estudiantes, atribuida al Estado, participaron narcotraficantes y autoridades locales y federales, incluido el Ejército. El hecho ocurrió en el segundo año de la administración peñista, y el reclutamiento en el rancho Izaguirre fue previo al Gobierno de Sheinbaum. La atracción del caso envía un mensaje a los gobernadores: los responsables de los estados son ellos. Si no lo entienden, deberán afrontar las consecuencias. La federación dejará de ser su escudo como lo fue en los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto.
