Una larga espera
«Los cuerpos sin vida también hablan y claman justicia» aun cuando la masacre de Allende y las desapariciones forzadas estén fuera del escrutinio nacional debido a «los pactos políticos y económicos», declara Blanca Isabel Martínez. El Centro de Derechos Humanos Juan Fray de Larios (FJdL), que dirige la activista lagunera, presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI) la comunicación «México: Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila constituyen crímenes de lesa humanidad». Casi ocho años después, las puertas de la justicia permanecen cerradas para las víctimas y sus familias. El Estado presiona a la CPI para dejar las cosas como están. Sucedió con Andrés Manuel López Obrador y lo mismo pasa ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum, dice Martínez.
Las masacres de Allende y el penal de Pierdas Negras ocurrieron entre el 18 y el 20 de marzo de 2011 en medio de un gran vacío de autoridad. Coahuila tenía de facto tres gobernadores: Humberto Moreira, el elegido; Jorge Torres López, el interino; y Rubén Moreira, el sucesor. Eran los últimos meses del sexenio de Felipe Calderón. Enrique Peña Nieto hacía campaña para la presidencia en un país envuelto por la violencia. Los Zetas aprovecharon la situación para demostrar su poder e influencia sobre el Gobierno. Miembros de esa organización dieron pormenores en juicios celebrados en San Antonio, Austin y Del Río, Texas, entre 2013 y 2016.
Los testimonios fueron recogidos por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, y presentados en el informe «Control… sobre todo el estado de Coahuila», dado a conocer en noviembre de 2017. En el trabajo colaboró FJdL. «(…) es posible que el Gobierno de Estados Unidos tenga información que no ha compartido que podría ayudar a esclarecer algunos asesinatos y desapariciones cometidos en México. Sin embargo, los testigos dejaron claro que el Estado mexicano no ha investigado estos casos, incluso cuando el Gobierno de EE. UU. le compartió información importante directamente», señala el informe.
La parsimonia de la CPI y el caso del rancho Izaguirre, próximo a Guadalajara, donde el Cartel Jalisco Nueva Generación adiestraba a personas reclutadas por la fuerza, sirven de acicate al FJdL y otros colectivos para emprender nuevas acciones. Una consiste en solicitar a la Organización de Estados Americanos (OEA) poner a México bajo observación. Tal sería el punto de partida para que el organismo se pronuncie sobre los delitos de lesa humanidad cometidos desde hace al menos dos décadas. Teuchitlán refleja una práctica de común en México: el reclutamiento forzado, afirma Martínez.
Desde la Segunda Guerra Mundial —recuerda la directora del FJdL— se puso en marcha «la ingeniería del exterminio». Allende y Teuchitlán, pues, no deben verse como casos separados. En Chiapas existen denuncias y en Guanajuato las ejecuciones extrajudiciales no cesan. Coahuila tiene la ventaja de contar con un sistema de información e investigación. Empero, la impunidad persiste y las desapariciones continúan, aunque no en el mismo grado. La Fiscalía General del Estado emite fichas de búsqueda, pero la atención es insuficiente. Los acuerdos políticos son más fuertes que las demandas de justicia, insiste la defensora de derechos humanos.
El FJdL se fundó en 2001 por iniciativa del entonces obispo de Saltillo, Raúl Vera López, propuesto para el Nobel de la Paz en 2012. El Fray Juan de Larios es una de las 73 organizaciones de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos para Todos». La Red TDT obtuvo en 2013 el premio Rey de España en Derechos Humanos, concedido por el Defensor del Pueblo y la Universidad de Alcalá, por su labor en la promoción de los derechos humanos y los valores democráticos. La polaca Agnieszka Raczynska, secretaria ejecutiva de Red TDT, y la mexicana Blanca Martínez, recibieron el reconocimiento. La asociación trabaja en la defensa de los derechos de las mujeres, los pueblos indígenas, la seguridad y la justicia.
