Narcopolítica
El cuñado de un expresidente, dos exgobernadores —uno de los cuales fue precandidato presidencial—, un exfiscal estatal y un exsecretario de Seguridad Pública han sido sentenciados por narcotráfico en Estados Unidos. El primero de ellos, Rubén Zuno Arce, falleció en una prisión de Florida en 2012, a los 82 años. Purgaba cadena perpetua por sus presuntos vínculos con Rafael Caro Quintero, acusado del asesinato de Enrique Camarena Salazar, agente de la DEA. Funcionario de la Conasupo en el sexenio de Luis Echeverría, Zuno habría dispuesto de avionetas de la dependencia para transportar mariguana del cartel de Guadalajara liderado por Caro y Ernesto Fonseca.
El primer exgobernador extraditado a Estados Unidos, Mario Villanueva, era protegido de Raúl Salinas de Gortari. El expresidente Miguel de la Madrid acusó al «hermano incómodo» de negociar con los carteles de la droga, papel que representa en la serie «Narcos» de Netflix. La detención del quintanarroense (Villanueva), en mayo de 2001, estuvo a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la DEA. En junio de 2008, el Segundo Tribunal Unitario del Estado de México lo condenó a 36 años por narcotráfico; la pena se redujo a 22. El Gobierno lo entregó a Estados Unidos en mayo de 2010, donde enfrentó cargos por delitos contra la salud, asociación delictuosa y lavado de dinero para el cartel de Juárez. Villanueva se declaró culpable ante una corte de Nueva York, y recibió una sentencia de 11 años. También se le decomisaron 10 millones de dólares.
Villanueva fue repatriado a México en diciembre de 2017 e internado en una cárcel de máxima seguridad. Después de pasar 20 años en prisiones de México y Estados Unidos, el mismo Tribunal que lo condenó le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria. El otrora poderoso gobernador, hoy de 72 años y con la salud quebrantada, insiste en haber sido víctima de una «venganza política». Sin embargo, al margen de sus diferencias con el expresidente Ernesto Zedillo y la cúpula del PRI, las pruebas lo refutan.
Tomás Yarrington estuvo en la antesala de ser candidato del PRI a la presidencia en 2006 por el bloque denominado «Todos Unidos Contra Madrazo» (Tucom). Lo que en realidad buscaba era protegerse y borrar la ruta del dinero que lo conectaba con los carteles del Golfo y de Juárez. Pues de acuerdo con la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), ambas organizaciones inyectaron 8.5 millones de dólares a su campaña para gobernador en 1999. Más tarde, Los Zetas lo acusaron de lavar dinero a través de prestanombres.
La DEA denunció a Yarrington por comprar propiedades en San Antonio y Corpus Christi, Texas, con sobornos. Asimismo le fincó cargos por tráfico de drogas, fraude bancario, extorsión, lavado de dinero y colaboración con carteles de la droga. El exgobernador y aspirante presidencial huyó del país y evadió la justicia durante cinco años. La policía italiana lo detuvo en Florencia el 10 de abril de 2017 con base en una ficha roja de la Interpol. El político, quien también había sido alcalde de Matamoros, presentó una identificación falsa para evitar su captura.
México extraditó a Yarrington en abril de 2018. Tres años después aceptó, ante una corte de Brownsville, haber lavado dinero y recibido sobornos por 3.5 millones de dólares del narco cuando fue gobernador. El juez Rolando Olvera lo condenó a nueve años. En julio de 2024, seis meses antes de lo previsto, abandonó la cárcel de Illinois. Yarrington siguió el camino más expedito para recuperar la libertad, sin importar sus crímenes: llegar a un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, entregar dinero, propiedades y brindar información. La justicia al mejor postor. Yarrington figura en la lista de «los 10 mexicanos más corruptos de 2013» de la revista Forbes junto con Raúl Salinas, Genaro García Luna (exsecretario de Seguridad Pública) y otro cuatro exgobernadores.
