Trump sube la apuesta
La DEA no olvida que su primer agente asesinado fue Enrique Camarena, el 9 de febrero de 1985 en Guadalajara. El caso provocó una de las mayores crisis diplomáticas entre Estados Unidos y México, entonces bajo las presidencias de Ronald Reagan y Miguel de la Madrid. Asimismo marcó un punto de inflexión en la lucha contra el narco y en la relación de la agencia con nuestro país. Rafael Caro Quintero, acusado de ordenar la tortura y ejecución, fue detenido apenas dos meses después en Costa Rica. Sin embargo, la hidra multiplicó sus cabezas y la impunidad cubrió con su manto a las autoridades civiles y militares de la época que brindaban protección a los carteles.
Luego de 40 años haber solicitado su extradición, el Gobierno de Estados Unidos al fin tiene en sus manos a Caro. La entrega del capo y de 28 criminales más le llega al presidente Donald Trump como anillo al dedo, pues le permite reforzar las acciones contra los traficantes de drogas, en especial de fentanilo. En una de sus primeras órdenes ejecutivas, Trump señaló a los carteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo, Nueva Familia Michoacana, del Noreste (escisión de los Zetas) y Carteles Unidos como organizaciones terroristas extranjeras. El argumento es que representan «una amenaza para la seguridad de los estadounidenses o para la defensa, las relaciones exteriores o los intereses económicos de Estados Unidos».
La designación ya se había planteado, sobre todo después del asesinato de ciudadanos estadounidenses o de doble nacionalidad como los miembros de la familia LeBaron masacrados en Bavispe, Sonora, noviembre de 2009. El empujón para hacer realidad la iniciativa lo dio Trump. Sin embargo, los capos y las organizaciones que «inundan» de drogas su país y trafican con migrantes no son los únicos objetivos del presidente. También va contra los políticos y las autoridades que facilitan sus operaciones y les brindan protección.
Trump subió la apuesta después de la entrega de los 29 capos. «Las organizaciones mexicanas de narcotraficantes (…), principales traficantes de fentanilo del mundo, operan sin trabas debido a una relación intolerable con el Gobierno de México. (…) Esta alianza (…) pone en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos». Así lo señala el documento «Hoja de hechos: el presidente Donald Trump con aranceles a importaciones desde Canadá y México», publicado por la Casa Blanca el 3 de marzo. Las tarifas han generado rechazo alrededor del mundo.
Los aranceles presionan a la presidenta Claudia Sheinbaum y ponen a prueba la voluntad de su Gobierno para limpiar el sistema. El combate al narco, en
efecto, será insuficiente mientras no se rompan sus amarras con el poder político. La situación obliga a Sheinbaum a ser estricta con sus colaboradores, pero también con su partido. Morena gobierna 24 estados, entre ellos Sinaloa y Tamaulipas, donde hace un siglo empezaron a operar los que, a la postre, devendrían en los carteles más poderosos. También es preciso estrechar la vigilancia federal sobre Jalisco (Movimiento Ciudadano), donde las raíces de las organizaciones criminales son demasiado profundas; y Guanajuato (PAN), el estado más violento del país. Y por supuesto, observar a los partidos por donde las mafias se cuelan para infiltrar a los poderes públicos. Los Gobiernos locales son los más expuestos.
