El Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) y el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) le han costado al país 2.1 billones de pesos en intereses y gastos administrativos, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda. La historia parte de 1991, cuando el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari empezó a privatizar los bancos nacionalizados en 1982 por José López Portillo, «el último presidente de la Revolución», según se proclamó. La declaración era un reproche a los tecnócratas que le sucedieron en el cargo e implantaron el modelo neoliberal que debilitó al Estado y fortaleció a las élites.
Salinas dijo en su segundo informe que los recursos de la enajenación bancaria servirían para «fortalecer la estabilidad económica del país, ampliar las perspectivas de desarrollo de largo plazo y atender las demandas más urgentes de quienes menos tienen». La realidad lo refutó. En su sexenio —marcado por la corrupción y el nepotismo— se incubó la peor crisis financiera de la historia, conocida como «el error de diciembre» (de 1994): disparó la inflación, miles de empresas quebraron, las reservas internacionales se vaciaron y millones de mexicanos pasaron a la pobreza.
Salinas vendió 18 instituciones bancarias. Ninguna de ellas regresó a sus antiguos propietarios, quienes las habían colocado entre las más sólidas y prestigiosas de América Latina. Basado en el neoliberal «capitalismo de compadres» —una vertiente del capitalismo ruinoso que imperó en la época—, el presidente repartió los bancos entre amigos y dueños de casas de bolsa sin experiencia en el ramo. De acuerdo con el Informe Mackey, elaborado para el Congreso en 1999, el proceso se caracterizó por la opacidad y el favoritismo. Los compradores eran en su mayoría financieros especulativos o industriales orientados más a las ganancias rápidas que a la administración de riesgos crediticios a largo plazo, señalan otras fuentes.
El Comité de Desincorporación Bancaria, cuya función consistía en garantizar rigor técnico en las operaciones y subastas abiertas, operó «bajo lógicas de beneficio cupular». Carlos Cabal Peniche, el «empresario consentido» del sexenio, adquirió los bancos Cremi y Unión. Hombre cercano a Salinas, el oligarca yucateco también se hizo famoso por financiar campañas del PRI. Peniche recibió más de 19 mil millones de pesos del Fobaproa para «salvar» sus bancos (La Jornada). Banpaís fue para Ángel Isidoro Rodríguez, el Divino. En 1996, la Interpol lo detuvo en Palma de Mallorca mientras paseaba en un yate del que había saltado para evitar su captura.
Encausado por haberse autoprestado 400 millones de dólares, el Divino obtuvo libertad condicional; en México nunca pisó la cárcel. «Su historia es la de otros muchos», escribió el periodista Juan Jesús Aznárez en una crónica de la época. «Rodríguez, que estuvo en la cárcel española de Soto del Real durante 22 meses, es uno de los banqueros mexicanos acusados de haber gestionado sus negocios saltándose (…) las leyes de Instituciones de Crédito y Mercado de Valores, y de haber contribuido a la destrucción del sistema. Amante de los lujos y la buena vida, figura en la relación de mexicanos fraudulentamente beneficiados por el rescate bancario ejecutado por el Gobierno de Ernesto Zedillo» (El País, 03.08.2000).
Una vez que el Fobaproa absorbió la deuda de los bancos privatizados, Zedillo entregó el control del sistema financiero a corporativos de España, Canadá y Estados Unidos. Multibanco Mercantil del Norte (Banorte), vendido a Roberto González Barrera, es la única institución de capital mexicano. En 1999, un año antes de la alternancia política, Andrés Manuel López Obrador publicó el libro Fobaproa: Expediente abierto y lo convirtió en una bandera contra la llamada «mafia del poder».
