El mismo México con «hambre y sed de justicia (…) por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla», y de gente afligida «por (el) abuso de las autoridades o por la arrogancia de la oficinas gubernamentales» que veía Luis Donaldo Colosio, lo advertía Ernesto Zedillo. En respuesta al clamor nacional de justicia, el relevo del candidato presidencial asesinado anunció el 1 de diciembre de 1994, en su toma de posesión, «una honda y genuina reforma a las instituciones encargadas de la procuración de la justicia». Era la única vía de afrontar «la extendida criminalidad, la frecuente violación a las garantías individuales (…) y la grave inseguridad pública (…), donde la incompetencia, la corrupción y la ruptura institucional son más frecuentes y de mayor daño para la seguridad de las personas».
La reforma zedillista desapareció en pocas semanas la Suprema Corte de Justicia de la Nación, compuesta entonces por 26 ministros, número casi tres veces superior a la de Estados Unidos (nueve). Los jueces nombrados por los presidentes Miguel de la Madrid y Carlos Salinas fueron cesados. Uno de ellos, Miguel Montes, abandonó la Corte para asumir, en calidad de fiscal especial, la investigación del caso Colosio. Otro, Diego Valadés, recibió la toga en recompensa por su defensa, como procurador general de la república, del mantra según el cual la muerte de Colosio fue obra un asesino solitario (Mario Aburto) aun cuando la evidencia apuntaba a una «acción concertada» y a un segundo tirador.
La Corte la forman desde entonces once jueces; en 1995, a todos los designó Zedillo. De los ministros en funciones, Felipe Calderón nombró a cuatro; Peña Nieto, a dos (Norma Piña y Javier Laynes, opositores de la 4T) y Andrés Manuel López Obrador, a cinco. Piña no ha ocultado jamás su propensión al PRIAN. El director de investigación de Grupo Milenio, Salvador Frausto, reveló que en diciembre pasado la titular del poder judicial organizó una cena privada con magistrados electorales y el líder del PRI, Alejandro Moreno (Aristegui Noticias, 16.05.24). «Piña no se somete al Ejecutivo, sino a los intereses políticos, económicos, mediáticos y espurios que sustentan la candidatura de Xóchitl Gálvez», escribió Álvaro Delgado (Sin Embargo, 14.04.24). En septiembre, una jueza ordenó suspender la discusión de la reforma judicial, cuando la Cámara de Diputados ya la había aprobado.
Piña asistió a una manifestación contra la reforma después de que las magistradas Lenia Batres y Loretta Ortiz (propuestas por López Obrador) participaron en un mitin de estudiantes y representantes de organizaciones sociales para apoyarla. Los sectores adversos a la 4T y a toda iniciativa y proyecto del Gobierno de AMLO buscan evitar a toda costa el cambio del sistema judicial, no en defensa del país, sino de sus intereses. Derrotados de antemano por no tener los votos suficientes, echan mano de sus armas favoritas: el engaño y el miedo.
La mayoría silenciosa no ha participado en el debate sobre la reforma. Lo hizo en las urnas, con su voto, donde dio luz verde al programa de Claudia Sheinbaum, que la incluye. Las oposiciones se resisten a abandonar la cantaleta apocalíptica utilizada para infundir temor entre la sociedad, víctima principal del sistema vigente, cuya transformación afecta privilegios y cotos de poder. Desestabilizar al país es el peor camino que pueden seguir quienes se envuelven en la bandera de la democracia cuando el resultado de las elecciones no les favorece.
