El ritual sexenal se cumplió con riguroso esmero y apego al guion. En 2017, al cambio de Gobierno lo precedieron meses de movilizaciones ciudadanas para impugnar el resultado de las elecciones. La incertidumbre terminó la semana previa al relevo constitucional, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó el triunfo del PRI. Esta vez, Manolo Jiménez asumió el poder sin sobresaltos. El saltillense es el décimo octavo gobernador elegido desde la fundación del PRI en 1929. Coahuila destaca por ser el único estado del país donde la alternancia se ha topado con pared.
Saltillo recuperó la gubernatura tras seis años de administración del lagunero Miguel Riquelme, cuyo desempeño satisfizo a la mayoría. Sobre todo, si se le compara con Humberto Moreira, responsable de la deuda por 40 mil millones de pesos; y con Rubén Moreira, quien enconó al estado, persiguió a aliados y rivales políticos sin distinción y fue acusado por el presunto desvío de 400 millones de pesos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin) en 2017, coincidente con las elecciones para gobernador y diputados locales. También se denunciaron durante su Gobierno redes de empresas fantasma cuyo propósito consistía en financiar campañas políticas, además de fabricar fortunas.
Jiménez asumió al poder en circunstancias favorables: ganó con holgura, los grandes grupos empresariales lo respaldan y recibió un estado en orden y seguro, aunque no exento de problemas. Por otra parte, no carga con el lastre del moreirato, pero sí con su peor legado: la deuda. Jiménez procede de una familia de raíz política. Su abuelo paterno, Luis Horacio Salinas, fue, lo mismo que él, alcalde de Saltillo, diputado federal por Torreón y colaborador cercano del gobernador Óscar Flores Tapia. El 28 de octubre de 2002 un comando armado secuestró a Salinas al salir de su hogar. Al cabo de tres semanas y de pagar el rescate escapó de sus captores, quienes más tarde fueron detenidos.
Antes de ser gobernador, Jiménez ocupó un escaño en el Congreso local y la alcaldía de Saltillo. Su llegada al poder supone un cambio generacional. La mayoría de su gabinete la componen jóvenes egresados de universidades particulares e incluso extranjeras. Algunos son hijos de exfuncionarios, otros colaboraron con él en el ayuntamiento o proceden del sector privado. El Gobierno se ha desmoreirizado, pero aún existen rescoldos del clan en el Congreso y en el SNTE, bajo la férula de Carlos Moreira. «En los próximos meses veremos de qué está hecho Manolo», me dice un líder de oposición, «pues las cosas se le han dado demasiado fácil». Riquelme lo respaldó en todo momento y su abuelo le descubrió los arcanos de la política, pero es a su padre, Manolo Jiménez Flores, a quien debe su formación, disciplina y la forja de alianzas claves.
Es hora de conocer los alcances del gobernador y de su equipo. Coahuila ha sorteado obstáculos por su dinámica propia, su fortaleza económica y su ubicación geográfica. En inversión extranjera directa —acumulada entre 1999 y 2022— ocupa el octavo lugar nacional con 25 mil millones de dólares (Secretaría de Economía, Expansión 09.03.23). El sector automotriz ha sido el puntal de este desarrollo. General Motors y Chrysler (fusionada a Stellantis desde 2021) se instalaron en Coahuila durante la gestión de Óscar Flores Tapia, cuyo Gobierno sentó las bases para transformar a Saltillo y Ramos Arizpe en potencia industrial. Más allá de la retórica, ¿cuál es el siguiente nivel?
