Manolo Jiménez (39) asume la gubernatura con las finanzas asfixiadas por la deuda de 38 mil millones de pesos, el mismo nivel de hace 13 años, cuando la Secretaría de Hacienda desveló el moreirazo. Los 63 mil millones de pesos pagados a los bancos en ese lapso, principalmente de intereses, provocaron el mayor desplome de la inversión pública del que se tenga registro (Espacio 4, 730). La mudanza de empresas de China y otros países asiáticos al nuestro (nearshoring) y la competencia regional por atraerlas pone de relieve el déficit de infraestructura de Coahuila, agravado por la deuda. Entidades vecinas y del centro aprovechan la circunstancia para expandir su industria. La inminente llegada del gigante tecnológico-automotriz Tesla a Nuevo León ha disparado la demanda de carreteras, transporte y servicios.
En contraparte, Jiménez recibe un estado sin conflictos sociales ni políticos mayores. La compostura del exgobernador Miguel Riquelme y la concordia promovida desde el inicio de su administración, tras 12 años de animosidad e intrigas palaciegas, le permitieron superar la crisis poselectoral de 2017, generar confianza y reencauzar al estado. La recuperación, sin estabilidad, habría sido imposible. Coahuila estuvo en el ojo del huracán durante el moreirato. El bombardeo político y mediático por la violencia del narcotráfico y los escándalos (megadeuda, masacres, empresas fantasma, abuso de poder y nepotismo) deterioraron la imagen estado. Riquelme comprendió sus circunstancias, las salvó y se salvó.
Jiménez estará a partir de hoy al frente de uno de los estados con los mejores indicadores de seguridad del país. Sobre esa base el PRI pudo conservar la gubernatura. El miedo a volver a los años de terror, vividos en Coahuila entre 2009 y 2012, indujo a votar contra Morena por su aparente incapacidad para afrontar a la delincuencia en Zacatecas y Tamaulipas, hasta hace poco gobernados por el PRI y el PAN. En Coahuila el crimen organizado se combate a tiros, con los riesgos inherentes, en oposición a la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador de reducir el uso de la fuerza y atender las causas de la violencia y no solo sus efectos («abrazos, no balazos»).
Mas no todo marcha sobre ruedas. En las campañas para gobernador se mostró la otra cara de la moneda. «¿Por qué hay tanto cristal en Coahuila? Porque los GATES y Fuerza Coahuila, hoy PCC (Policía Civil de Coahuila) y PAR (Policía de Acción y Reacción)… son los principales regenteadores (…), por eso invaden nuestras colonias y ejidos y violentan a nuestros jóvenes», acusó Ricardo Mejía, candidato del PT, en el debate del 16 de abril. «La seguridad está prendida de alfileres», terció Armando Guadiana (Morena). La periodista Camelia Muñoz advierte sobre el tema: «La seguridad pública en Coahuila se convirtió en un asunto familiar (…) antes de que la titular de la dependencia estatal del ramo, Sonia Villarreal Pérez, contrajera matrimonio con el director de la Policía Especializada —que depende de dicha instancia—, Jorge Miguel Barajas Hernández» (Proceso, 04.11.23). Barajas, apodado el Hummer, es uno de los mandos señalados por Mejía.
Las denuncias contra las corporaciones policíacas por violaciones graves a los derechos humanos, tráfico de migrantes e incluso de drogas, sobre todo en las regiones carbonífera y norte, deben ser investigadas. Conceder poder a las fuerzas de seguridad por encima de sus atribuciones surte efectos momentáneos, pero al final ocasiona problemas mayores, difíciles de revertir. La Secretaría de Seguridad Pública necesita ser depurada antes de que la presión derive en protestas sociales y conflictos políticos. Nadie en sus cabales desea que a Coahuila le vaya mal, al contrario. La legimitidad del nuevo Gobierno y las condiciones en que recibe el estado son propicias.
