Morena y sus aliados aprueban las enmiendas legales por la vía rápida, en medio de las críticas de una oposición disminuida, que se mantiene en resistencia contra la polémica reforma al Poder Judicial
La Cámara de Diputados ha aprobado las enmiendas a las leyes que deberán regir la elección de jueces, magistrados y ministros, en 2025, el primer paso para implementar la reforma al Poder Judicial, legislada en septiembre. El bloque oficialista, formado por Morena y sus partidos satélite, PT y PVEM, ha hecho valer este lunes su mayoría en la cámara para reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Las enmiendas establecen que jueces y magistrados serán electos por el voto directo de la ciudadanía, el primer domingo de junio del año que corresponda. Los cambios al segundo ordenamiento establecen la procedencia del juicio de inconformidad para impugnar las decisiones de las autoridades electorales durante el proceso para la elección de las personas juzgadoras. Con ello, los cambios legales que han acaparado la atención los últimos días han pasado el último filtro legislativo y quedan a la espera de su entrada en vigor una vez que sean publicados en el Diario Oficial de la Federación. La aprobación ocurre dos días antes de que se abra la primera convocatoria para que precandidatos a impartidores de justicia se postulen a la carrera.Más información
Los lineamientos han sido avalados por la Cámara Baja ocho días después de que la presidenta, Claudia Sheinbaum, enviara la propuesta al Senado y dos días después de que se aprobara allí. El fin de semana, los legisladores sortearon más de 700 cargos de jueces y magistrados que serán sometidos a voto popular en junio de 2025. Las reglas para la elección de los juzgadores consideran 60 días de campañas electorales para la promoción de las candidaturas, mientras que los topes de gastos de cada candidato han de ser determinados por el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, ha quedado prohibido el uso de recursos públicos o privados para promocionar las postulaciones, o que contraten tiempos de radio y televisión, o espacios publicitarios en medios de comunicación impresos o digitales.
