Vivir en Saltillo se ha vuelto un lujo prohibitivo debido a un mercado inmobiliario distorsionado por la simulación y el desorden. Un reportaje del periodista Édgar London en la nueva edición de «Espacio 4» alerta sobre una incipiente burbuja inmobiliaria en la ciudad, impulsada no solo por rentas inalcanzables y una mancha urbana sin freno, sino por una evasión fiscal que infla artificialmente el costo del patrimonio local. El siguiente es un extracto:
«Rentar casa en Saltillo se ha convertido en una odisea costosa. El alquiler se incrementó hasta 30 % en apenas seis meses durante 2024. El precio no subió por igual en toda la ciudad; la zona y el tipo de inmueble marcan diferencias cada vez más grandes. En ese periodo, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) señaló que la renta promedio se ubicaba entre 16 mil y 18 mil pesos mensuales, aunque en algunos sectores metropolitanos el monto alcanza incluso el doble.
»Los precios de oferta vigentes muestran un mercado extendido. El portal Propiedades.com reporta, con datos actualizados al 1 de agosto de 2026, un precio medio de 11,307 pesos mensuales para departamentos en Saltillo y de 15,560 pesos para casas. La plataforma basa sus indicadores en los inmuebles anunciados en su sitio, por lo que las cifras corresponden a precios de oferta y no necesariamente al monto final pactado entre propietarios e inquilinos.
»La diferencia entre sectores es considerable. En Residencial Los Parques, el arrendamiento medio para departamentos alcanza 31,480 pesos mensuales, mientras que en Portal de Aragón se ubica en 10,329 pesos. En el rubro de casas, Torrealta Residencial registra un precio medio de 32,463 pesos, frente a los 11,805 pesos detectados en Saltillo Centro.
»La evolución reciente del mercado coincide con el incremento de la actividad inmobiliaria de la capital. En abril de este año, especialistas del sector señalaron que el mercado de Saltillo mantiene su dinamismo debido, principalmente, a la actividad industrial y a la llegada de nuevas plantas automotrices de capital coreano, japonés, estadounidense y canadiense. La presión sobre los precios también ha sido expuesta por organismos del propio sector; en mayo pasado, la AMPI advirtió sobre un encarecimiento sostenido en la región y señaló que el acceso a la vivienda para los jóvenes constituye un reto estructural. Ante esto, la organización planteó la necesidad de establecer marcos regulatorios para evitar una posible burbuja inmobiliaria.
»El arriendo de vivienda en Coahuila está sujeto al Código Civil estatal. El Congreso local incluye este ordenamiento entre las leyes vigentes y estipula
las disposiciones aplicables a los contratos. Asimismo, la Ley de Vivienda para el Estado de Coahuila contempla como objetivo promover el acceso a un hogar digno y decoroso, e incluye instrumentos para generar oferta, tales como el desarrollo de un mercado secundario y de arrendamiento de vivienda de bajo costo.
»Sin embargo, el marco estatal no establece un esquema general de control de precios de renta equivalente al que existe en otras jurisdicciones. La regulación se concentra en las obligaciones y derechos derivados del contrato y en las políticas de vivienda, mientras que el precio de los inmuebles privados queda determinado principalmente por las condiciones del mercado.
»La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) documenta distintos niveles de regulación de las rentas entre los países miembros. Algunos limitan los incrementos durante la vigencia de los contratos, otros regulan las rentas iniciales y algunos combinan estas medidas con vivienda social y subsidios. La organización también advierte que los controles demasiado estrictos pueden reducir los incentivos para mantener o aumentar la oferta de vivienda en alquiler, por lo que recomienda combinar la regulación con políticas de vivienda y suelo.
»El caso de Saltillo se encuentra, por tanto, ante dos variables simultáneas: un mercado inmobiliario sometido a fuertes brechas de precio según la zona y una política pública que contempla el acceso a vivienda y el arrendamiento de bajo costo, pero que no establece un tope general para las rentas privadas. (…)
»En Saltillo, el incumplimiento fiscal relacionado con las rentas no es un asunto nuevo. En 2019, se hizo público un análisis sobre la estrategia que Hacienda comenzaría a aplicar en los juicios de inquilinato: cuando un propietario reclamara judicialmente el pago de rentas vencidas, estaría obligado a acreditar la emisión de los comprobantes fiscales correspondientes. En ese momento, se citaron datos del INEGI que registraban la apertura de 15,984 juicios civiles por controversias de arrendamiento en México durante 2018; aunque la cifra correspondía al panorama nacional, reflejaba una problemática extrapolable a la capital coahuilense. (…)
»Otro fenómeno sin control es el crecimiento urbano de Saltillo, el cual ha detonado conflictos abiertos entre desarrolladores, vecinos y autoridades debido a cambios de uso de suelo, infraestructura insuficiente, afectaciones ambientales y riesgos asociados con la edificación. Las denuncias ciudadanas se concentran especialmente en zonas donde los nuevos proyectos modifican vialidades, aumentan la densidad habitacional o se desarrollan cerca de cauces y áreas de conservación».
