El conflicto en la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) es el segundo que sacude a la naciente administración estatal en el lapso idílico de los cien días iniciales. El primero lo provocó la divulgación del «acuerdo político electoral Coahuila 2023-2024» firmado por los líderes del PRI (Alejandro Moreno), PAN (Marko Cortés) y el entonces candidato a gobernador, Manolo Jiménez. El documento asignaba candidaturas a diputaciones, presidencias municipales, notarías y cuotas en la administración estatal y en el poder judicial al partido albiazul. La violación del pacto derivó en la ruptura de la alianza para los comicios de alcaldes del 2 de junio próximo, lo cual supone un riesgo para el PRI, un problema para el PAN y una oportunidad para Morena.
El plantón de estudiantes frente a la rectoría de la UAdeC y el bloqueo del bulevar Venustiano Carranza es en demanda de nuevas elecciones para nombrar al sucesor de Salvador Hernández Vélez. A los inconformes de Saltillo y Torreón, incluidos maestros y personal administrativo, les parece fuera de lugar la candidatura única de Octavio Pimentel. En principio no cuestionan su capacidad y trayectoria, sino las acusaciones por supuesta violencia de género en su contra. Las elecciones en la UAdeC habían transcurrido sin sobresaltos en los últimos 36 años. Cuando el gobernador de turno decidía, todo el mundo se plegaba, así fuera a de dientes afuera.
La última crisis también ocurrió al inicio de una administración: la de José de la Fuentes. El rector Valeriano Valdés se vio forzado a renunciar en medio de manifestaciones, toma de edificios y ruido mediático. Valdés duró en el cargo menos de dos meses y fue relevado por Jesús Ochoa Ruesga, uno de los hombres de confianza del gobernador. La UAdeC entró desde entonces en una especie de «paz porfiriana» y de procesos arreglados de antemano. El científico lagunero Rafael Argüello Astorga pudo ser un magnífico rector, pero el aparato se interpuso y la Universidad siguió por la ruta del oficialismo.
Para la sucesión de 2024 se anotaron varios aspirantes. La línea por Pimentel, como era de esperar, descontentó a la mayoría, sino es que a todos. Las cosas parecían marchar sobre ruedas para las votaciones del último día del año. Sin embargo, una parte de la comunidad despertó del letargo, dijo «No» y se instaló en las calles. Con ese solo movimiento se descalificó la elección. En septiembre pasado los alumnos del Instituto Tecnológico de Saltillo suspendieron clases y cerraron el bulevar Carranza. La protesta fue por la instalación de una zona vip para funcionarios estatales y municipales en la explanada del plantel, con motivo de un concierto, donde se consumieron bebidas alcohólicas. Tras nueve días de manifestación pacífica, los estudiantes, apoyados por sectores de la sociedad y organizaciones civiles, lograron la renuncia de la directora María Gloria Hinojosa.
Un conflicto político y uno universitario en menos de un mes son demasiados para un Gobierno que recién empieza, máxime en un contexto electoral. El primero tuvo como consecuencia el divorcio PAN-PRI. El alcance del segundo aún no se puede medir, pero juntos generan inestabilidad y ponen a prueba a la administración estatal formada en su mayoría por jóvenes. El gobernador Manolo Jiménez necesita tomar cartas en el asunto, evaluar el rendimiento de sus colaboradores y realizar los cambios pertinentes. Los adversarios de dentro y de fuera crecen y se multiplican cuando advierten debilidad y falta de control.
