Al asalto reciente de grupos armados presuntamente miembros del Cartel del Noreste en la frontera de Coahuila, donde dos policías fueron abatidos y seis heridos, seguirán otros —más o menos cruentos— debido la dinámica del delito a escala nacional. El más grave hasta ahora ocurrió en Villa Unión entre el 30 de noviembre y el 4 de diciembre de 2019, mientras el gobernador Miguel Riquelme rendía su segundo informe. El enfrentamiento dejó en este caso 16 muertos: 10 supuestos sicarios, cuatro policías y dos civiles, los cuales habían sido tomados como rehenes junto con otros lugareños. El aviso a las autoridades es que no deben echar las campanas al vuelo, sobre todo en materia de seguridad.
Los traficantes de droga, hoy bajo nuevas denominaciones, tratan de recuperar los territorios y la influencia que ostentaron en la parte media del moreirato (2008-2012). Tal poder les permitió perpetrar las masacres de Allende y Piedras Negras, sembrar terror en La Laguna, desaparecer a centenares o quizá miles de personas, incursionar en negocios como la minería y cubrir el estado de fosas clandestinas. En muchos casos contaron con la complicidad y protección de las autoridades, según declaraciones de testigos en cortes de Texas. El informe «Control… sobre todo el estado de Coahuila» de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, publicado en los últimos días del Gobierno de Rubén Moreira, brinda detalles y señala responsables.
La movilidad permite de los carteles desplazarse entre sus bases y distintos estados e incluso al exterior. En Coahuila han encontrado resistencia por ahora, mas no dejarán de buscar oportunidades o resquicios para volver a infiltrarse. Los nuevos embates ocurren precisamente cuando Riquelme prepara su salida y al gobernador electo, Manolo Jiménez, le falta todavía cuatro meses para asumir el cargo. Es probable que las organizaciones criminales pretendan ponerlos a prueba en este periodo. En Tamaulipas la violencia repuntó con la llegada al poder de Américo Villarreal (Morena), cuyo sucesor, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, fue acusado de traición por el Cartel del Golfo (Infobae, 30.09.19).
En Nuevo León, el gobernador Samuel García (Movimiento Ciudadano) también fue recibido con una escalada de violencia tras suceder a Jaime Rodríguez (independiente), la cual no ha podido detener. Coahuila se mantiene como el estado más seguro del noreste, pero está bajo el acecho permanente de las bandas de narcotraficantes, como se observa en la frontera. La vecindad con Tamaulipas obliga al Gobierno a estar alerta las 24 horas. En 2019, casi al inicio de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, los gobernadores de la región formaron un frente contra la delincuencia organizada, pero se desvaneció junto con la Alianza Federalista.
Ninguna entidad puede acorazarse por completo contra el crimen, pues toda estrategia adolecerá siempre de grietas. La retórica oficial y el alud de desplegados de apoyo de organismos laguneros al Gobierno y a la fuerza pública tras los enfrentamientos en la frontera tienen más tintes políticos que propósitos de justicia. El lucimiento lucra con la pena de las familias de los policías caídos, pero es vacuo. La mejor forma de solidarizarse con ellas, de brindarles alivio y de honrar el sacrificio de quienes ofrendaron su vida en defensa del estado, es atender sus necesidades y costearles a sus hijos una carrera.
