Ningún presidente afrontó a los grupos de poder como lo ha hecho Andrés Manuel López Obrador desde su toma de posesión. Los acusó de ser los verdaderos dueños del país, de apropiarse de los recursos de la nación y de fomentar la corrupción con la aquiescencia y complicidad gubernamental. Máxime en el periodo neoliberal comprendido entre los Gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, en medio de los cuales Vicente Fox y Felipe Calderón ejercieron sin pena ni gloria. Es precisamente de los intereses económicos de donde proceden gran parte de las campañas e intrigas contra AMLO, dentro y fuera de México, como antes pasó con Luis Echeverría y José López Portillo, quien nacionalizó la banca en 1982.
Revertir la reforma energética de Peña Nieto —celebrada a bombo y platillo en el exterior y con portadas donde se le exaltaba como «el salvador de México»— y cancelar la construcción de Nuevo Aeropuerto Internacional de México, asentado en los pantanos de la corrupción, es algo que la oligarquía y sus socios extranjeros jamás le perdonarán a López Obrador. La 4T marcó desde un principio su política energética: rescatar Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por razones de soberanía y seguridad nacional. La estrategia de los Gobiernos previos consistió en ceder la explotación y aprovechamiento de los recursos del país al sector privado.
Los últimos presidentes fueron rehenes de las fuerzas económicas debido a su debilidad e incompetencia, a la venalidad de las estructuras de poder y a su origen fraudulento. Las élites aprovecharon la vulnerabilidad del Estado y la ausencia de liderazgos políticos para imponer sus condiciones. El capitalismo de compadres se afianzó con las reformas negociadas por el PRI, PAN y PRD al principio del sexenio peñista. En sentido contrario, la cancelación de privilegios e influencia fortaleció al Estado. Los últimos reductos de los grupos de presión son el poder judicial, cuyas resoluciones casi siempre le han favorecido, y organismos como la Comisión Reguladora de Energía, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y otros.
La administración federal ha cometido pifias monumentales debido al voluntarismo de López Obrador y a la ineptitud de algunos de sus colaboradores. El juicio excluye al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, cuyo trabajo ha sido reconocido por organismos internacionales (Infobae, 29.03.23). El bombardeo de los poderes fácticos y de las oposiciones durante más de cinco años para recuperar posiciones y ventajas no logró someter a un Gobierno con amplio respaldo social. Los adversarios de la 4T fallaron por no haber formado cuadros competitivos para las elecciones de este año.
En vez de proponer un plan alternativo y soluciones asequibles para los grandes problemas del país (inseguridad, corrupción, salud, educación, crecimiento económico débil y un sistema judicial viciado) gastaron la pólvora en salvas. La oligarquía y la partidocracia a su servicio pagan el costo de haber dado la espalda a los sectores no solo menos favorecidos por las circunstancias del país, sino también castigados por la clase política y los grandes intereses económicos. El presidente López Obrador mantiene una aprobación del 69% (Oraculus, enero 2024) y su partido es el favorito para ganar las elecciones del 2 de junio próximo. Así lo reflejan las encuestas y la percepción ciudadana.
