La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en lo general, un proyecto de reforma constitucional que establece un tope máximo a las pensiones de los exfuncionarios de entes públicos. La iniciativa busca alinear las jubilaciones del sector oficial con la política de austeridad institucional, fijando como límite un monto equivalente a la mitad de la remuneración mensual de la titular del Poder Ejecutivo Federal. Bajo este esquema, las percepciones por retiro para exdirectivos no podrán exceder, de manera general, los 70,000 pesos mensuales.
El dictamen fue avalado con una mayoría de 458 votos a favor, tras una sesión en la que se discutieron las implicaciones presupuestarias y los derechos adquiridos de los trabajadores. El proyecto plantea que el ajuste genere un ahorro potencial estimado en 5,000 millones de pesos anuales para el erario público. No obstante, la normativa contempla excepciones específicas para los integrantes de las Fuerzas Armadas y para aquellas pensiones derivadas de fondos constituidos de manera autónoma por organizaciones sindicales.
La reforma surge tras los informes presentados por la Secretaría Anticorrupción, los cuales identificaron un padrón de aproximadamente 100,000 exfuncionarios cuyas jubilaciones superan en diversos casos los ingresos del personal activo de mayor jerarquía. Según los análisis de la dependencia, sectores vinculados a organismos públicos descentralizados y empresas productivas del Estado concentran el mayor número de jubilaciones que rebasan el umbral de la presidencia. En particular, se han señalado casos en Petróleos Mexicanos (Pemex) y en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde algunos exdirectivos perciben montos que la administración actual ha calificado como desproporcionados frente a la realidad económica del país.
A pesar del avance legislativo, la sesión registró manifestaciones de diversos grupos de jubilados y cuestionamientos técnicos por parte de sectores de la oposición. Los detractores de la medida argumentan que las percepciones actuales son resultado de contratos colectivos y décadas de servicio profesional, calificando la difusión de los montos como una estrategia de presión política. Tras esta aprobación inicial, el proceso legislativo continuará con la discusión en lo particular de los artículos reservados, para posteriormente ser remitido al Senado de la República para su revisión y eventual ratificación constitucional.
