Los candidatos de oposición a la gubernatura acusaron, en las campañas de 2023, que la seguridad en el estado era sostenida por policías venales. «¿Por qué hay tanto cristal en Coahuila? Porque los Gates, la Fuerza Coahuila, hoy PCC y PAR, les cambiaron el nombre por tantas violaciones a los derechos humanos, son los principales regenteadores del cristal y por eso invaden nuestras colonias y ejidos, por eso violentan a nuestros jóvenes», denunció el candidato del PT, Ricardo Mejía, en el debate del 17 abril, en Torreón. El gobernador Miguel Riquelme refutó: «son tonterías». «Si habla de colusión con algún cartel, aquí todos los carteles se han topado con la policía de Coahuila en todas nuestras fronteras (…), aquí hemos generado un blindaje que hoy nos permite vivir con paz y tranquilidad».
Exaliado político de Riquelme, Mejía no hablaba de pactos con carteles nacionales, sino de uno local formado, según su perspectiva, por fuerzas de seguridad del estado. El candidato tenía información fidedigna, pues en la mayor parte del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se desempeñó como segundo de a bordo de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, actual secretaria de Gobernación. Los cuestionamientos sobre las corporaciones policiales no han dejado de hacerse.
Mejía retomó el asunto, ahora como diputado del PT. En la sesión del 10 de diciembre pasado, presentó un punto de acuerdo para exhortar al gobernador Manolo Jiménez «a implementar políticas públicas integrales para la prevención y tratamiento de adicciones, con especial enfoque en el consumo de cristal». La adicción entre los jóvenes de las comunidades rurales del estado aumentó 10% en 2024; y los reportes de fentanilo, antes localizados en la frontera norte, se extendieron a otras regiones, dice Mejía en sus consideraciones. Una de las fuentes que citada es «100 pasos para la transformación. Claudia Sheinbaum Pardo».
La presidenta Sheinbaum acordó el 3 de febrero con su homólogo estadounidense Donald Trump reforzar la seguridad en la frontera para detener el tráfico de drogas como el fentanilo y el paso de migrantes; a cambio, logró que la aplicación de aranceles se pospusiera por un mes. El gobernador Manolo Jiménez instaló el día siguiente el Consejo de Seguridad y Desarrollo Económico de la Región Carbonífera, donde hay quejas de abusos policiacos. Jiménez anunció el emplazamiento de 300 elementos de la Policía Estatal, la Fiscalía General y agentes municipales. La Guardia Nacional y el Ejército desplegarán 30 mil.
La presión del Gobierno de Estados Unidos y los compromisos de la presidenta Sheinbaum obliga a los gobernadores a apretar las clavijas a las instituciones de seguridad y de justicia y, en su caso, depurarlas. Las acusaciones de la Casa Blanca en el sentido de que «las organizaciones mexicanas de narcotraficante mantienen una alianza intolerable con el Gobierno de México», amerita no solo desmentidos retóricos, sino acciones concretas para demostrar lo contrario. Si se descubren relaciones entre políticos y capos y no hay avances tangibles contra el tráfico de drogas, Trump aplicará los aranceles y adoptará nuevas medidas. El comunicado advierte que el Gobierno mexicano «ha proporcionado refugios seguros para que los carteles se dediquen a la fabricación y el transporte de narcóticos peligrosos, que en conjunto han provocado la muerte por sobredosis de cientos de miles de estadounidenses».
