El gobernador Miguel Riquelme ha hecho juegos malabares para sortear las crisis derivadas del endeudamiento por 40 mil millones de pesos, herencia del «moreirato», y manejar la sucesión. La disciplina financiera ha permitido afrontar los compromisos básicos de la administración, pero el pago de intereses castiga la inversión social y de infraestructura. Por lo mismo, cualquier variación negativa en los ingresos y en las participaciones federales coloca al estado en una situación difícil y a veces crítica, pues no puede contratar créditos a largo plazo.
La extinción de 109 fideicomisos en 2020, aprobada por las Cámaras de Diputados y de Senadores, le permitió al Gobierno federal recibir 135 mil millones de pesos de ingresos no tributarios el año pasado. La medida, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador «para combatir la corrupción», afectó a los estados y a las universidades. Los senadores de Morena argumentan que la falta de control, supervisión y fiscalización en el manejo de los fondos, advertida por la Auditoría Superior de la Federación (ASE), volvían «invisible» el recurso público, dice el comunicado 297 del Senado.
Los fideicomisos no estaban obligados a transparentar el uso del dinero ni a rendir cuentas. Tampoco registraban los egresos e ingresos en la cuenta pública ni en el presupuesto de egresos. La ASE observó además discrecionalidad y «abierta opacidad» en la operación, lineamientos e información sin estructura. El presidente López Obrador justificó la desaparición de fondos como el de Desastres Naturales (Fonden): «era una especie de caja chica, ni tan chica, para funcionarios que compraban todo sin licitar. Miles de millones de pesos en catres, láminas de zinc (…) a precios elevadísimos; hay gente que vivía de venderle a Gobernación (…), hacían buenos negocios».
En su reunión plenaria de agosto, el PRI anticipó que 2023 será otro año de vacas flacas para los estados en materia de presupuesto federal. En 2020, los gobernadores de la desaparecida Alianza Federalista (entre ellos Miguel Riquelme) amagaron con abandonar el pacto fiscal si la federación no les asignaba mayores recursos. La primera condición para lograrlo era recuperar el control de la Cámara de Diputados en las elecciones intermedias. Sin embargo, como Morena y sus aliados conservaron la mayoría absoluta y con ello la distribución del gasto, la presión no surtió efecto. Pero además las participaciones federales a estados y municipios se distribuyen con base en la Ley de Coordinación Fiscal y no al arbitrio del presidente de turno. El fondo general de participaciones se constituye con el 20% de la recaudación federal participable en cada ejercicio.
Riquelme ha vuelto a referirse a la relación con la Secretaría de Hacienda, ahora en el contexto de los comicios del año próximo en los cuales se nombrará a su sucesor y a la nueva legislatura. El gobernador acusó a la federación de estrangular financieramente a los estados con elecciones en puertas. Un cartón de Enríquez atribuye la asfixia a la megadeuda (El Siglo de Torreón, 23.08.22). Los estados con menos pasivos pueden afrontar en mejores condiciones la escasez de fondos. Coahuila ejercerá este año un presupuesto por 56 mil 888 millones de pesos, de los cuales 47 mil 938 millones son «participaciones, aportaciones, convenios e incentivos derivados de la colaboración fiscal», de acuerdo con la Ley de Ingresos.
Uno de los factores que inciden en las elecciones es el económico. Al margen de la compra de votos a la cual recurren indebidamente todos los partidos, los Gobiernos federal y estatales utilizan el gasto público como instrumento para fomentar el clientelismo. El PRI y el PAN lo hicieron cuando ocuparon la presidencia y hoy lo hace Morena. Sin embargo, la administración de AMLO ha creado nuevos programas y la entrega de subsidios es directa. En los sexenios precedentes, los funcionarios se llevaban la tajada del león. El sistema no es perfecto ni está exento de corrupción, pero electoralmente ha dado resultados.
