Ciudad de México – La Asociación Latinoamericana de Desalación y Reúso de Agua (ALADYR) ha manifestado su profunda preocupación ante el nuevo marco legal en materia hídrica. Si bien la organización reconoce la validez de priorizar el consumo doméstico y personal, advierte que la normativa actual se inclina hacia un modelo de estatismo que pone en jaque la certeza jurídica y la viabilidad técnica de proyectos fundamentales para el desarrollo nacional.
Roberto Olivares, representante de ALADYR en México, destacó que el resultado legislativo final se ha alejado de su propósito original: establecer una solución integral y moderna frente a la crisis climática. Según Olivares, el enfoque adoptado podría fomentar la opacidad administrativa y desincentivar la inversión privada, elemento que resulta indispensable para expandir las tecnologías de desalinización y el tratamiento de aguas residuales en el país.
Obstáculos para la Inversión y la Innovación
La asociación enfatiza que el sector hídrico requiere de una infraestructura robusta que el presupuesto público no siempre puede cubrir en su totalidad. Al desplazar la colaboración con el sector privado, se corre el riesgo de:
- Frenar el desarrollo tecnológico: La falta de incentivos detiene la implementación de nuevas plantas de tratamiento.
- Aumentar la inseguridad jurídica: La ambigüedad en las reglas desmotiva a los inversionistas de largo plazo.
- Ignorar el historial legislativo: Se están omitiendo las lecciones de más de veinte iniciativas fallidas en los últimos quince años, las cuales colapsaron precisamente por la ausencia de consensos reales.
ALADYR concluye que, sin un marco regulatorio que equilibre la rectoría del Estado con la participación técnica y financiera de diversos sectores, México seguirá enfrentando dificultades críticas para garantizar el acceso al agua en un contexto de creciente escasez.
