El vertido masivo de crudo de Repsol en el Pacífico peruano y su desastrosa gestión de la crisis ha desatado un clima de indignación general en un mercado clave para la petrolera española
El pasado 15 de enero, algo salió mal en la descarga de crudo del buque italiano Mare Doricum, en la refinería de La Pampilla que Repsol opera en el municipio limeño de El Callao, en Perú. El accidente acabó con el equivalente a cerca de 12.000 barriles de crudo volcado en el mar. La contaminación ya ha afectado a unas 24 playas y más de 11.600 hectáreas de litoral. Una mancha negra que ha puesto en peligro los ecosistemas de la costa norte de la capital y que también amenaza al próspero negocio de la petrolera española en el país latinoamericano. El vertido masivo de petróleo en aguas del Pacífico ha desatado una grave crisis ecológica y un clima de indignación general contra Repsol, que se ha traducido de momento en medidas judiciales contra sus máximos responsables y que podría forzarle a pagar una indemnización millonaria.
Entre las áreas afectadas están espacios naturales protegidos como el Parque Ecológico Nacional Antonio Raimondi y se han hallado ejemplares muertos de diferentes especies de aves marinas locales, como pingüinos, guanayes y piqueros. Miles de pescadores se han visto privados de su sustento a causa del siniestro. El presidente peruano, Pedro Castillo, lo ha definido como “uno de los ecocidios más grandes” acaecidos en la costa del país y un equipo de expertos enviado por Naciones Unidas catalogó como “grave” la crisis medioambiental. Repsol se ha comprometido a la limpieza del litoral afectado y ha puesto en marcha un operativo en el que ha desplegado 76 embarcaciones y 44 unidades de maquinaria pesada, así como 2.000 trabajadores contratados, según datos ofrecidos por la propia compañía. Pero esto no ha bastado por ahora para calmar los ánimos de los peruanos que en la calle y en los medios piden un castigo ejemplar para la compañía que preside Antonio Brufau.
