La ley, que faculta a los funcionarios locales a arrestar y deportar a migrantes que ingresen al país sin autorización, fue cuestionada por la administración Biden como una afrenta al poder federal.
La Corte Suprema de Estados Unidos tomó una posición temporal a favor de Texas en su disputa con la administración Biden sobre política de inmigración. Permitió que entrara en vigor una ley estatal que penaliza el ingreso sin autorización a Texas. La orden no explicaba los motivos, pero dos jueces presentaron opiniones concurrentes indicando que el caso debía ser devuelto a un tribunal de apelaciones para una rápida decisión sobre la suspensión de la ley. Mientras tanto, los agentes de Texas podrán arrestar a quienes crucen la frontera ilegalmente, aunque la duración de esta medida queda en manos del tribunal de apelaciones.
Los tres jueces liberales de la Corte expresaron su desacuerdo, argumentando que la ley de Texas altera el equilibrio de poder federal-estatal y que la Corte había recompensado una táctica indecorosa del Quinto Circuito de Apelaciones de Estados Unidos al permitir una suspensión temporal. Esta táctica, según ellos, se está prolongando demasiado y abusa de la discreción del tribunal.
El desacuerdo entre los jueces incluyó críticas y la jueza Kagan emitió un disenso más breve, pero también expresó que la mayoría no debería haberse basado en las decisiones procesales del tribunal de apelaciones.
La orden de la Corte aborda solo una parte de los enfrentamientos entre la Casa Blanca y el gobernador de Texas, Greg Abbott, en relación con la inmigración, que ha generado tensiones políticas y divisiones profundas tanto entre los partidos como dentro de ellos. La ley de Texas, conocida como SB 4, también permite a los tribunales estatales ordenar la deportación de inmigrantes sin autorización, lo que ha sido impugnado por la administración y grupos de derechos civiles por interferir en la política de inmigración federal.
