La megadeuda colocó a las finanzas del estado una camisa de fuerza y obligó a los Gobiernos sucesivos a hacer juegos malabares para mantenerse a flote. El moreirato creó una bonanza ficticia, maquillada con deuda y créditos contratados sin autorización del Congreso. Los tiempos de vacas flacas en Coahuila durarán mucho más que los siete narrados en el libro del Génesis. Este año se cumplen 14 y todavía faltan 19 para dejar de ser rehenes de los bancos. El recorte de personal y los ahorros administrativos son apenas un respiro frente al 10% del presupuesto destinado anualmente al servicio de la deuda. La subida del Impuesto Sobre Nóminas, del 2 al 3%, fue anulada por la reducción de fondos federales.
Rubén Moreira coptó a los diputados de oposición para que la deuda por 38 mil millones de pesos, herencia del Gobierno de su hermano Humberto, no fuera investigada. Los gobernadores capearon la crisis financiera por su influencia en el Gobierno de Enrique Peña Nieto y en la Cámara de Diputados, donde controlaban la Comisión de Presupuesto. La Secretaría de Hacienda canalizó a los estados recursos adicionales para obras. Sin embargo, una parte significativa de esos caudales se utilizó en gasto corriente y en financiar campañas políticas mediante operaciones como la «Safiro» en Chihuahua o su equivalente en Coahuila.
El Programa de Contingencias Económicas es un ejemplo. Creado en 2014, se incorporó al ramo 23 (Provisiones Salariales y Económicas) sin aparente lógica, pues su propósito era apoyar el desarrollo regional con infraestructura y equipamiento. Dos años más tarde, el plan fue rebautizado como Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin) con una bolsa de 62 mil 258 millones de pesos. Un festín para los gobernadores, pues pudieron disponer de los recursos a su antojo. La Auditoría Superior de la Federación (ASE) acusó en el Fortafin ausencia de normas y lineamientos de operación. México Evalúa advirtió que sin la regulación de la Ley de Coordinación Fiscal a que están sujetos los ramos 28 y 33, «existe el riesgo de que haya un uso político del dinero, así como actos de corrupción» (Sin Embargo, 23.11.20).
En 2017 el Fortafin asignó a los Gobiernos estatales 3 mil 243 millones de pesos, pero terminó por repartirles 55 mmdp (18 veces más). El 65% se dedicó a corriente y el resto al pago capital de obra pública (ASE, 2018). Los fondos se utilizan «para premiar o castigar» a las administraciones locales; «es decir, para el control político» (México Evalúa, “La Arquitectura del Ramo 23”, Reporte Índigo, 26.02.19). En la cuenta pública de 2017, la ASE detectó irregularidades por 7 mil 422 millones de pesos, la mayoría en Michoacán, Tlaxcala, Coahuila y Puebla.
En junio de 2022, la Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Ismael Ramos Flores, secretario de Finanzas de Rubén Moreira, por el presunto desvío de 475 millones de pesos del Fortafin hacia campañas electorales del PRI en 2016 y 2017. La FGR investigó también a Antonio Zerón Puga, exdirector general de la Secretaría de Finanzas; a Nazario Salvador Iga Torre, exdirector de Adquisiciones; y a Édgar Julián Montoya de la Rosa, exsubsecretario de Egresos, fallecido en 2018. Finalmente, la FGR le hizo un favor a Ramos Flores: lo imputó solo por el delito de ejercicio indebido de atribuciones y facultades, no por peculado. Así libró de prisión al exfuncionario. El Fortafin dejó de ser una fuente de corrupción, pues ya no existe. El presidente López Obrador lo desapareció junto con otros fondos, entre ellos el Metropolitano, que dejó obras inconclusas como el Metrobus Laguna. La vuelta de tuerca canceló la fuga de recursos federales y debilitó políticamente a los gobernadores.
